La fiscalía catalana aclara que la consulta no cabe en la Constitución

La consulta sobre la independencia que planea la Generalitat “carece de encaje en la Constitución”, afirmó ayer la Fiscalía Superior de Cataluña, que quiso cortar de raíz la polémica a propósito de un escrito en el que pide que se archive la querella contra el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, por prevaricación y sedición. “El ministerio público no encuentra ningún respaldo legal para su celebración”, añade una nota de prensa del organismo, en alusión a las “interpretaciones erróneas” que, en su opinión, se han difundido a propósito de ese escrito.

La inconstitucionalidad del referéndum que Mas prevé celebrar el próximo 9 de noviembre “se desprende del conjunto del informe presentado en días anteriores” sobre una querella de Manos Limpias. El sindicato ultra acusa a Mas de sedición, rebelión, desobediencia y prevaricación por su hoja de ruta soberanista. La fiscalía considera que no hay indicios de delito y pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que archive la querella, lo que aún no se ha producido.

El fiscal veía margen para “discutir” el encaje legal del referéndum

El punto más conflictivo del escrito asoma en los argumentos esgrimidos sobre la legalidad de una consulta. Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las leyes vigentes —tanto españolas como catalanas— sobre esa materia, el informe de la Fiscalía catalana concluye que se puede “discutir razonadamente” el encaje legal de la consulta. Esa discusión, añade el texto, debe ser jurídica (no penal) y “ha de situarse en sede constitucional”.

La nota difundida ayer por la fiscalía pretende aclarar que esa expresión no puede, en modo alguno, interpretarse como una puerta abierta para la celebración de la consulta. Ni siquiera como una defensa de su legalidad. La fiscalía insiste en que esas “interpretaciones erróneas” se han podido dar “al descontextualizar algunas de las expresiones contenidas en el mencionado informe”. “Se ha intentado plantear, jurídicamente, el tema de las consultas. Pero no se le está dando un visto bueno, más bien al contrario”, explicaron a este diario fuentes judiciales.

El escrito para solicitar el archivo fue elaborado por el fiscal Martín Rodríguez Sol. Hace un año, Rodríguez Sol se vio forzado a dimitir de su cargo como fiscal superior de Cataluña después de unas polémicas declaraciones en las que dio su apoyo a la celebración de una consulta ciudadana sobre la independencia. En una institución jerárquica como la fiscalía, el escrito contó con el visto bueno del actual fiscal superior de la comunidad, José María Romero de Tejada. Ante la polémica suscitada, la institución que dirige se vio obligada a difundir la nota de prensa.

La rectificación de la fiscalía quita las pocas esperanzas de lograr un pacto que tenían los partidos que defienden la consulta. El pasado viernes, cuando el informe salió a la luz, tanto el Gobierno de CiU como Esquerra e Iniciativa celebraron la mención a “discutir razonadamente”, entendiéndola como una suerte de aval al encaje legal de la consulta.

La Generalitat lo interpretó como un aval para negociar la votación

CiU destacó “el rigor jurídico” y el “sentido común” de la fiscalía. El consejero de Territorio, Santi Vila, incluso consideró que el escrito daba margen para negociar la consulta con el Gobierno central. Esquerra consideró “absolutamente natural” la posición de la Fiscalía y solo Iniciativa per Catalunya puso un interrogante, al subrayar que más allá del debate jurídico el referéndum depende de la “voluntad política” de los partidos mayoritarios, en palabras de la portavoz Dolors Camats.

La rectificación de la fiscalía no hará variar la posición del Gobierno catalán. Mas y sus consejeros defienden, amparados en los informes de sus asesores —el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional— que la consulta tiene encaje legal, y que todo depende de la voluntad política. A partir de ahí, el marco jurídico se puede interpretar. Es la misma tesis que maneja la Asamblea Nacional de Cataluña, la entidad privada que busca influir en el proceso soberanista. Su presidenta, Carme Forcadell, restó importancia a la rectificación de la fiscalía. “No le daremos más importancia, esto ya lo sabíamos. El marco jurídico no permitirá la consulta si no hay voluntad política”, subrayó en una entrevista en ARA.

Los partidos que defienden la consulta ciudadana recibirán un portazo político el próximo 8 de abril, cuando la consulta llegará al Congreso de los Diputados, que previsiblemente la rechazará por amplia mayoría.