“No es que sea delito, es que vemos una trama organizada para delinquir”

No todas, pero sí casi todas. El letrado Luis García Navarro (Puebla de los Infantes, Sevilla, 1966) representa al Partido Popular como acusación en el caso ERE y comparte casi todas las tesis de la juez Alaya sobre el diseño y ejecución del fondo por parte del Gobierno andaluz. Censura con gravedad a la agencia Idea por otorgar subvenciones pese a carecer de funcionarios, así como la actuación de gran parte del Consejo de Gobierno andaluz por ignorar a sabiendas los informes de la Intervención General sobre el uso de las transferencias de financiación. Entre líneas desliza que esos mismos reparos de los interventores al fondo de los ERE se repiten en otras nueve empresas públicas ahora bajo lupa judicial. Y avanza que los problemas judiciales para la Junta se multiplicarán en los próximos años.

Pregunta. ¿Por qué estima que las transferencias de financiación no debieron usarse para pagar los ERE?

Respuesta. Estas transferencias son un vehículo más para mover dinero de la Administración a las empresas públicas. El problema es que solo se puede invertir en los gastos de explotación de las empresas. Canal Sur recibía una subvención para saldar el déficit anual que tiene su gestión como empresa. En este caso debería haber sido así y lo que no se utilice debe ser devuelto a la Administración autonómica. En los ERE se utiliza con un fin torticero para pagar las subvenciones de Empleo, evitando los controles previos de la Intervención. Se saltaron y se utilizó ese medio legal, pero el uso de esos fondos es absolutamente distinto del uso para el que se concedió.

P. Y si el medio es legal, ¿cómo es que ve delito?

R. Si la intención desde el inicio era utilizar ese mecanismo a raíz de los problemas que había puesto la Intervención, para evitar sus controles y derivar los pagos a la agencia Idea solo para evitar a la Intervención no es que sea delito, es que vemos una trama organizada para delinquir.

P. ¿Hay indicios suficientes para demostrar esta tesis?

R. Hay un montón de documentación y datos que ponen de manifiesto que todo se otorgó prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, con lo cual son nulos de pleno derecho, y en segundo lugar utilizando las transferencias de financiación para evitar los controles de la Intervención. Con una u otra cosa, ya sería delito, con las dos, aún más.

P. Entonces, si la juez ha recabado indicios contra la cúpula de la Junta, ¿por qué no está el caso ya en el Supremo?

R. En este momento es imprescindible la ratificación del informe de los peritos de la Intervención General del Estado. Hasta entonces, y hasta que sea sometido a contradicción por todas las partes, entiendo que no está culminada esa investigación que puede afectar a la cúpula de la Junta.

P. Como letrado del PP, ¿se imagina pidiendo cárcel para dos expresidentes y todo el Gobierno de la Junta?

R. La justicia tiene que ser igual para todos. El hecho de haber sido miembro del Consejo de Gobierno de la Junta no les da mejor valor para no ser condenados. Es más, deberían haber sido un ejemplo de buena gestión y no lo han hecho. En la medida en que los tipos penales que se les imputan conllevan pena de prisión, no tengo otro remedio más que ejercer la acusación. No es un criterio personal, es la aplicación del Código Penal.

P. ¿Se frenó la regulación de las ayudas? En tal caso, ¿quién fue el responsable?

R. Según el interventor, parece ser que el consejillo, quedecide los asuntos que van al Consejo de Gobierno. Si está presidido por el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, es evidente que conocían lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Y de hecho evitaron la aprobación de esas órdenes para no tener que someterse a la ley.

P. Censura que Idea diera subvenciones sin potestad para ello.

R. La pregunta de la juez Alaya a la exconsejera Magdalena Álvarez es fundamental: Si el IFA no tenía posibilidad de otorgar subvenciones, usted ¿a qué iba a realizar las transferencias de financiación? Primero porque no las tenía atribuidas y segundo porque solamente disponía de personal laboral. El procedimiento administrativo, desde el principio hasta el final, tiene que estar hecho por funcionarios, porque solo ellos pueden aplicar la ley 30/92.