Un hombre que mató a su mujer golpea al fiscal tras ser declarado culpable
El jurado considera probado que Sánchez roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego El tribunal añade que el procesado sabía que su compañera estaba embarazada de tres meses
El jurado popular que durante esta semana ha juzgado en la Audiencia de Girona Miquel Sánchez, vecino de Calonge de 37 años, acusado de rociar con gasolina y prender fuego a su pareja embarazada de 3 meses en su casa en octubre del 2006, le ha considerado culpable de un asesinato y de los delitos de aborto, incendio y daños. Una vez el portavoz del jurado emitió el veredicto, el procesado se levantó hecho una furia y agredió al fiscal.
El jurado ha considerado probado por 8 votos a 1 que el 8 de octubre de 2006 Sánchez roció con gasolina a su pareja, Sandra Vergara, y le prendió fuego. Cuando cometió el asesinato, sabía perfectamente lo que hacía y sabía que de la forma que lo hacía “incrementaría su sufrimiento”. El jurado también consideró probado por “unanimidad” que con su actuación sabía que mataría al feto, ya que la joven estaba embarazada de tres meses, que causaría un incendio, y que habría unos daños en el inmueble.
El jurado le ha apreciado un agravante de parentesco y los atenuantes de dilaciones indebidas y pena natural y se ha mostrado contrario a que se le suspende la ejecución de la condena o se le llegue a indultar. Una vez el jurado emitió el veredicto, el procesado, en un arrebato de furia, se levantó y se dirigió directamente al fiscal, Víctor Pillado, al que dirigió varios puñetazos. La intervención de un agente de los Mossos, de un familiar del acusado y del mismo letrado de Suárez, Benet Salellas, impidió que la agresión fuera de mayor gravedad. Sánchez fue reducido en la tarima de la sala donde había sido juzgado y el magistrado hizo despejar momentáneamente la sala.
Sánchez ya había sido jugado por los mismos hechos en 2009, pero el TSJC anuló la sentencia absolutoria y ordenó volver a repetir el jucio
Al reiniciarse la sesión, el fiscal pidió para el procesado una pena de 20 años de cárcel y la defensa, 10 años, 9 meses y 1 día. Además, el fiscal solicitó su ingreso inmediato en la cárcel y que se deduzca testimonio y se haga llegar al juzgado de Instrucción por un delito de “atentado a la autoridad, al fiscal en el ejercicio de sus funciones”.
Por su parte Salellas, anunció: "A la vista de los graves hechos, me retiraré de la defensa por un conflicto de intereses entre el deber deontológico de defender a mi cliente y el deber de lealtad al tribunal”.
Sánchez ya había sido juzgado por un jurado popular por estos mismos hechos en 2009. En aquella ocasión quedó absuelto, pero el fiscal recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y este organismo consideró que el veredicto estaba mal fundamentado, lo anuló y ordenó volver a repetir el juicio.
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