El kamikaze pide al Constitucional que paralice su ingreso en prisión

Ramón Jorge Ríos ha apurado el último cartucho para librarse de la cárcel.El conductor que en 2003 mató a un hombre de 25 años tras recorrer cinco kilómetros suicidas en dirección contraria por una carretera de Polinyà de Xúquer (Valencia) pidió hace dos semanas al Tribunal Constitucional que paralice su reingreso en prisión previsto para este viernes, según fuentes conocedoras del proceso.

El kamikaze presentó un recurso de amparo en el Constitucional contra la resolución del Supremo del pasado noviembre. El alto tribunal anulo el polémico indulto que en diciembre de 2012 le concedió el Gobierno de Mariano Rajoy. Y que permitió que este directivo de una firma automovilística de 59 años que reside en Guadalajara solo cumpliera 10 meses de una condena de 13 años de prisión.

Pero la última esperanza de Ríos no tiene visos de prosperar. El condenado, que solicitó al Constitucional que suspendiera su ingreso en prisión hasta resolver el recurso, no eludirá la cárcel. Fuentes del Constitucional indican que resulta “muy improbable” que se congele de forma cautelar su orden de entrada en la prisión. Los casos en los que este tribunal ha paralizado la medida corresponden a reclusos con penas inferiores a cinco años. Y el kamikaze tiene pendientes 12.

Agustín Ferrer, abogado de la familia de la víctima del kamikaze, José Alfredo Dolz, el joven que fue brutalmente arrollado por Ríos, quita hierro a los efectos del recurso. “Es un cartucho a la desesperada, no frenará el regreso a prisión del kamikaze”, zanja el letrado.

Con la vuelta a prisión de Ríos, la familia Dolz cierra un círculo de una década. Instituciones Penitenciarias desconocía este jueves en qué cárcel cumplirá condena el kamikaze, al que la Audiencia de Guadalajara ya le ha notificado su ingreso en prisión, según fuentes del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. La decisión fue acordada el pasado 5 de marzo por la Audiencia de Valencia.

El caso del kamikazede Valencia cobró notoriedad porque el Supremo anuló por primera vez una conmutación de pena concedida por el ministerio que dirige Alberto Ruíz-Gallardón. La revocación del indulto fue aprobada por la ajustada votación —19 votos a favor y 17 en contra— de los magistrados de la Sala de lo Contencioso. El alto tribunal no vio “lógica jurídica” en la medida de gracia. La resolución tuvo varios votos particulares. Uno de ellos fue el del magistrado Carlos Lesmes, que fue nombrado después presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La familia Dolz defiende que el indulto estuvo envuelto de irregularidades. La defensa del kamikaze corrió a cargo de Esteban Astarloa, hermano del que fuera subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002 de José María Aznar. Además, entre los 534 abogados del despacho que asesoró al conductor temerario, Uría Menéndez, se encuentra el hijo de Ruíz-Gallardón.