La Audiencia deja en tres años de prisión la condena a Jabyer Fernández
La magistrada condena a su hermana a 18 meses. El empresario anuncia que recurrirá al Supremo
El caso Iurbenor ya tiene veredicto. La magistrada ponente de la sentencia, Carmen Rodríguez ha comunicado al presidente del Grupo Afer, Jabyer Fernández, que es culpable de un delito de insolvencia punible —descapitalizó la empresa Iurbenor—, pero no del delito fiscal que podia la diputación foral de Bizkaia. De los seis años de cárcel que pedía la fiscalía y los diez que solicitó en sus conclusiones la Diputación, la magistrada ha sentenciado que el empresario deberá de pasar tres, cuando la sentencia sea firme, y el Supremo resuelva el recurso que el propio Jabyer Fernández anunció ayer que interpndría.
Las sentencias del juzgado de lo Mercantil 1 que analizó en concurso de acreedores de esa sociedad y lo calificó como culpable, y la de la sección cuarta de la Audiencia que la ratificó ampliando las responsabilidades no sólo a Jabyer sino a sus dos hermanos, han sido los cimientos de una condena que acarreará cárcel para el empresario vizcaíno, y 18 meses de prisión para su hermana, que se sentó junto a él en el banquillo, el pasado mes de octubre durante la semana que duró la vista oral.
Las acciones de
La sala ha analizado y penalizado el modelo de descapitalización a base de varias contabilidades, o de pasar por 18 números de cuenta una cantidad de dinero para acabar en el mismo sitio. No ha tenido sin embargo en cuenta el delito fiscal que pidió ya en solitario la Diputación de Bizkaia, tras el desmarque de la fiscalía. El principal argumento de la instritución foral contra esa acusación fue que Jabyer Fernández hizo una declaración ante la Hacienda —aunque no pagó— varios meses después de haber vaciado Iurbenor en decenas de transferencias en cascada entre sus empresas, con los fondos de los 43,5 millones del IVA. Un dinero que tendría que haber ingresado en Hacienda por la venta de los terrenos de la operación puerta de Bilbao.
La declaración la presentó antes de que acabara el año posterior a la venta, con la suerte de que en el ínterin la legislación cambió y si antes, presentar la declaración y no pagar no valía, —se consideraba delito fiscal— cuando lo hace Jabyer la legislación lo permite. La sala tendrá que valorar si el empresario tenía o no intención de pagar con ese movimiento, o simplemente cubrirse las espaldas por lo que se le venía encima, habida cuenta de que las garantías que presenta, las acciones de la sociedad Habidite son de un valor más que dudoso, y de que maniobra, en el último momento, sin fondos para hacer frente a esa deuda. Si hubiera tenido ánimo de pagar ya lo hubiera hecho".
Solo la diputación
Aunque la administración concursal anotó la compra de las acciones por varios millones de euros a Habidite, y les dio valor contable en libros, lo hizo porque quería recuperar el dinero para la sociedad de la que salieron los fondos y que estaba en concurso, Iurbenor. Iurbenor era propiedad al 50% de Fonorte —Fernández— y de Iurbentia —en la que estaban un montón de socios. De ahí que cuando el Consejo de Iurbentia conoce las operaciones de descapitalización de Iurbentia, se monta el lio —acta del 16 de abril de 2009—. Una gestión arriesgada puede dar lugar al delito de insolvencia punible.
Fernández y su defensa hicieron un intento por politizar el asunto llamando a declarar al ahora lehendakari Iñigo Urkullu, al presidente del EBB Andoni Ortuzar y a Joseba Aurrekoetxea, pero el juez de instrucción lo rechazó. Pese a todo Jabyer Fernández no desaprovechó la ocasión durante la primera jornada del juicio para endosarles la responsabilidad de la quiebra de Iurbenor. A José Luis Bilbao la defensa le puso el sobrenombre de “leviatán”, el poder absoluto, pero no pronunció el nombre del político. Fernández le atribuye la negativa a darle el aplazamiento y la “persecución posterior” cuya piedra de toque es el informe de los inspectores de Hacienda en la Unidad de Auditoria Informática. “Si tan malo ha sido y ha dirigido todas las operaciones por qué no le han llamado a declarar”, se pregunta un abogado conocedor del caso. Sin Bilbao, y sin los miembros citados del PNV, y con un Fernando García Macua que hizo mutis por el foro el primer día del juicio, a pasar de acusado a tener que declarar, pero ya como testigo, la vista giró en torno a Fernández, su hermana Susana y su especial concepto de “caja única” para mover el dinero.
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