Protesta frente a una inmobiliaria para evitar el desahucio de una familia

Una veintena de personas se han concentrado este miércoles ante una inmobiliaria de Santiago para pedir que no desahucie a una familia a la que le alquiló un piso con varias "irregularidades". Primero, han denunciado la propia afectada y miembros de Stop Desahucios, les arrendaron una vivienda en un edificio que no tenía licencia para ese uso, sino para hotel o residencia geriátrica, y después otra cuyo contrato no aparece registrado en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ni la fianza depositada. Aunque hay 19 familias en el edificio, la protesta de este miércoles se ha centrado en el caso de Marilena Calota, una mujer que alquiló el piso junto a su marido --que actualmente está en Cataluña buscando trabajo-- y vive en el mismo con sus dos hijas, ambas menores de edad. Ahora tienen una amenaza de ser expulsadas de la vivienda.

La inmobiliaria les ha remitido un documento por el cual acuerda la resolución del contrato, de modo que el piso quede libre el 31 de este mes, y les reclama una deuda de 1.300 euros por varios conceptos como luz, reparaciones o agua. Por la contra, la mujer pide a la empresa que le devuelva el dinero pagado de más en meses anteriores por facturas de la luz "abusivas" o que le dé un plazo de siete meses para tratar de buscar una solución.

Marilena Calota ha expuesto su situación ante los medios y ha explicado que ni ella ni su marido tienen trabajo, él padece una enfermedad degenerativa que ya le ha provocado una invalidez del 41% y sobreviven con una ayuda de 420 euros, insuficiente, ha dicho, para hacer frente al alquiler (de 280 euros) y las facturas de la luz, que han llegado a ascender a 700 euros. Desde el pasado diciembre, ha dicho, han dejado de pagar el piso.

Un miembro de Stop Desahucios Compostela, que ha preferido no dar su nombre, ha explicado que la inmobiliaria Urban fue la promotora y es la propietaria de un edificio en Brión que tiene licencia como hotel, pero no para viviendas. No obstante, alquiló pisos en el mismo a varias familias. En el caso de Calota, entraron en agosto de 2012 y fueron conocedores de que el uso era irregular cuando en febrero de 2013 la policía les dijo que estaban "en un piso ilegal". Al estar prevista una actividad hotelera, ha proseguido, la instalación eléctrica no fue separada en contadores individuales y la potencia es insuficiente para estas familias, que sufren cortes habitualmente. La inmobiliaria "hace trampas con las facturas de la luz" y "manipula los contadores a su antojo", ha agregado para explicar que a los vecinos les hayan llegado facturas tan elevadas. Marilena Calota, que ha denunciado a la empresa por las "facturas abusivas" y otras irregularidades, ha lamentado estos dos últimos años "de engaños". "Hay plaga en España de ladrones y salen ganando siempre", ha protestado.

El propio Ayuntamiento de Brión, han explicado los representantes de Stop Desahucios, ha multado a la inmobiliaria con 5.000 euros mensuales, pero "no está haciendo frente al pago". Además, ha puesto carteles advirtiendo a los vecinos para que no alquilen en el edificio. Calota ha explicado que, después de estar en ese primer edificio, Urban les ofreció otra vivienda, a la que se trasladaron. No obstante, ha consultado en el IGVS y no consta el contrato ni se ha depositado la fianza por este nuevo arrendamiento. Miembros de Stop Desahucios han denunciado que el inmueble que tiene licencia para hotel vuelve a estar lleno de inquilinos. Durante la protesta han timbrado en la puerta de la inmobiliaria con la intención de mantener una reunión, pero un empleado les comunicó a través del telefonillo que ningún responsable se encontraba en ese momento en la oficina.