Un alcalde intruso pagó 30.000 euros al exconsejero Fernández

El exalcalde socialista Agustín Moreno, incluido como intruso en una empresa beneficiada por un ERE subvencionado por la Junta en 2004, pagó 30.000 euros al exconsejero Antonio Fernández en 2001. El ex alto cargo imputado alega a través de su abogado que había prestado un año antes este dinero al exregidor para una campaña agrícola dado que necesitaba liquidez, y que el exalcalde se limitó a devolverle el préstamo. Entre 1995 y 2003 Moreno fue alcalde de Torrecera, una pedanía de Jerez, ciudad natal de Fernández, y el supuesto préstamo entre particulares se realizó gracias a un amigo común que medió entre ambos.

Sin embargo, cuando Moreno declaró como imputado ante la Guardia Civil hace un año, los agentes le interrogaron por estos dos abonos que suman 30.000 euros en una cuenta bancaria del exconsejero, negó cualquier operación entre ambos antiguos cargos socialistas, avanzó ayer El Mundo. “No recuerdo haber realizado tal ingreso [“de dos millones y medio de pesetas”] (...) No recuerdo haber manejado esa cantidad de dinero, ni haber realizado ingresos ni a Antonio Fernández ni a otras personas por este importe. Nunca he prestado cantidades similares de dinero, a las indicadas anteriormente, a ninguna persona”.

Más tarde en el interrogatorio, Moreno volvió a negar la posibilidad de que los dos ingresos bancarios consistieran en un préstamo personal. “¿Ha pedido dinero prestado a alguna persona?”, le preguntó un agente. “No, solo he pedido préstamos al banco, los cuales he ido pagando siempre en plazo”, respondió el exregidor. Eso sí, Moreno no estaba obligado a decir la verdad y tenía derecho a mentir, ya que declaraba como imputado y no testigo ante los investigadores. El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, aseguró que estaba pendiente de recabar la documentación del banco que acredite su versión de los abonos. Mientras, el abogado de Moreno, Fernando Valencia, se limitó a confirmar que se trató de “un préstamo” sin dar más detalles, y puntualizó que no guardaba correlación con la póliza que percibió tres años más tarde su defendido.

Moreno explicó a los investigadores que su inclusión como intruso en un ERE se debió a que tras dejar de ser alcalde se le denegó el subsidio por desempleo y afrontó “una situación económica grave, hasta el punto que no tenía para comer”, por lo que pidió una ayuda al ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Este le informó de que existía un fondo “para personas que habían desempeñado funciones en política y que estaban en situación de desempleo”. Finalmente Moreno comenzó a percibir una renta de 800 euros al mes gracias a su inclusión en el ERE de la minería de Huelva.

La juez Mercedes Alaya encarceló a Fernández entre abril y septiembre de 2012 por su gestión como consejero y viceconsejero de Empleo, y le achacó entre otras cuestiones haber recibido la indemnización de 30.000 euros por despido tras trabajar en los años 80 en la bodega González Byass. El ex alto cargo fue incluido como prejubilado en el ERE de la bodega, pero renunció a percibir su póliza de 386.181 euros, pagada por el departamento que entonces dirigía. Un atestado policial del caso se refiere a esta póliza prevista para Fernández, como contratada “para su uso y disfrute asemejando su inclusión como intruso, en virtud del documento hallado en un ordenador de Ismael Sierra, cuñado del conseguidor Juan Lanzas. La Guardia Civil investigó en su día el patrimonio del exconsejero, pero no halló indicios de enriquecimiento ilícito.

Mientras, en otro informe policial se menciona un correo electrónico del letrado Carlos Leal a Lanzas, en el que menciona a su “super-jefe Gaspar Zarrías [exconsejero de Presidencia]”. El agente estima que “se da a entender que Lanzas estaba a las órdenes de Zarrías”, un vínculo que el dirigente socialista ha negado de manera insistente. Los investigadores ya han mencionado antes la “presunta relación” entre Lanzas y Zarrías, diputado al Congreso y por tanto aforado.