Una relación poco avenida con Cultura

El plan urbanístico de El Cabanyal lleva desde finales de 2009 afectando a la relación entre el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Cultura. En el centro de la polémica, la decisión de la entonces ministra Ángeles González-Sinde —alentada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, del PSOE— de paralizar el plan de reforma interior sancionado por el Ejecutivo local en 2001 porque expoliaba el patrimonio valenciano. La decisión llevó incluso a Rita Barberá a querellarse por supuesta prevaricación contra González-Sinde, pero el Tribunal Supremo rechazó tramitar esa denuncia.

La decisión del ministerio estuvo avalada por varios informes técnicos, entre ellos, los del Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia, el Museo Nacional de Cerámica González Martí o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dio igual, la orden ministerial que suspendió el plan municipal lo tiñó todo de conflicto. Y no solo durante el mandato socialista, sino también desde la llegada del PP.

Barberá y su equipo han insistido en los últimos cuatro años en que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa es irrenunciable pese a los informes y opiniones en contra. Por eso sorprendió tanto el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de octubre, que desbloqueó la disputa judicial creada en torno al barrio. La orden ministerial derivó en un conflicto de competencias entre la Generalitat y el Estado y estaba pendiente del fallo del Tribunal Constitucional. Al final, el Consell de Alberto Fabra derogó la ley con la que pretendió invalidar la orden de Cultura aprovechando la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2014 y el Ejecutivo de Mariano Rajoy desistió del recurso de inconstitucionalidad presentado en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora, el equipo de Barberá tiene que adaptar el plan de El Cabanyal de manera que salvaguarde la esencia del barrio, sin el derribo indiscriminado de los 400 inmuebles que molestarían a la prolongación de la gran avenida.

Los vecinos y los grupos de la oposición municipal preguntan desde hace meses por esa adaptación, a lo que Barberá responde que trabaja en ello. La candidatura que defenderá el Ministerio de Cultura para que las Fallas sean declaradas por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad podría ser el inicio de una etapa menos tirante.