CiU y PP planean una ley para que Antifraude no investigue la corrupción

CiU y PP tienen la intención de desmantelar la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y despojarla de la función principal que ahora ejerce en la lucha contra la corrupción. Todos los partidos guardan una escrupulosa discreción sobre este escenario, a la espera de que avancen los trabajos de la ponencia para elaborar la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se reúne este viernes. Esa ley podría ser el detonante para crear un nuevo organismo que refundiera otros tres que ahora funcionan por separado: la OAC, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Servicio Documental.

Los partidos tienen un documento de trabajo en el que se prevé la creación de este único organismo con el fin de velar por el cumplimiento de la ley, pero no existe consenso sobre qué funciones ha de terner y de quién debe depender. Esquerra, socio parlamentario de CiU, se opone en redondo a que se retiren a Antifraude y Protección de Datos algunas funciones y queden relegados a organismos administrativos. De ahí que no hayan avanzado los trabajos de la comisión.

El texto que manejan los partidos políticos considera que el nuevo organismo refundido debería ejercer funciones de protección de datos personales, velar por la transparencia y el buen gobierno, garantizar el derecho de acceso a la información pública, realizar evaluaciones documentales y solicitar información y requerimientos a las administraciones.

Solo hay un organismo en Cataluña, al margen de los tribunales y la fiscalía, en el que se pueden realizar todo tipo denuncias civiles, penales, administrativas y referidas tanto a la actuación de entes públicos como privados, cargos públicos o particulares. Es la Oficina Antifraude, que depende del Parlament y que nació en en 2008, cuando gobernaba el Tripartito, en medio del receleo de CiU y PP.

La muerte inesperada de su primer director, David Martínez Madero, sumió a la OAC en un futuro incierto y con el cambio de gobierno en la Generalitat CiU barajó incluso su supresión. Tras varios meses de silencio se acabó nombrando un director de consenso, el magistrado Daniel de Alfonso, y parecía que el futuro del organismo estaba garantizado con las competencias que tiene reconocidas.

“Hay que tener presente que algunas de las funciones de la OAC tienen relación con atribuciones que desarrollan otras autoridades u organismos, como es el caso de la investigación de irregularidades que pueden dar lugar a responsabilidad penal, contable o administrativa relacionada con la actuación del personal y los cargos públicos”, dice el texto que manejan los partidos en alusión a los tribunales, la fiscalía, la Sindicatura de Cuentas u otros organismos competentes en materia de función pública. La cita se antoja una justificación para suprimir competencias que ahora tiene Antifraude en la lucha contra la corrupción y que no se prevén traspasar al nuevo organismo.

¿Que quién debería depender ese ente? Tampoco se dice en el documento, pero no parece buena elección que, si ha de velar por la transparencia en todas sus facetas, dependa del Parlamento, como ocurre con Antifraude y Protección de Datos.

El nuevo ente nacerá sin funciones en la lucha contra la corrupción

El texto admite que “la integración en un solo organismo plantea algunos problemas importantes de coherencia derivados de las diferentes finalidades para las que han sido creados o pensados” y añade que esta diversidad de funciones “podria ser también un problema para definir la estructura organizativa del nuevo ente, así como la composición de sus órganos de gobierno”.

Precisamente la Oficina Antifraude ha presentado un extenso informe sobre la proposición de ley de transparencia, en el que realiza un sinfín de advertencias, recomendaciones y propone eliminar algunas expresiones o modificar artículos.

El próximo viernes se reúne la ponencia de la ley de transparencia. No se espera que para entonces CiU y ERC hayan acercado posiciones, pero sí será un termómetro para calibrar si los nacionalistas mantienen al PP como opción para sacar adelante la ley y sus consecuencia o se decantan por los republicanos. PSC, Iniciativa-Esquerra Unida, Ciutadans y la CUP también mantienen importantes discrepancias.