Anticorrupción exige a Alaya que aclare el estado de la investigación de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción quiere situarse en el caso ERE. Busca el mapa que evalúe el pulso de una causa muy compleja y con numerosas vías de investigación, que cada semana se amplían como un árbol de mil ramas. En cualquier otro caso esto no ocurriría nunca, ya que la fiscalía está al tanto de cada paso que se da porque su función, entre otras, es velar por que todas las actuaciones respetan la ley, en un refuerzo necesario al juez de instrucción. Pero el caso ERE no es un caso cualquiera, y la juez Mercedes Alaya ha marginado desde el principio de la instrucción a los dos fiscales de la causa, que cada cierto tiempo presentan escritos de queja por esta manera de instruir tan personalista de la magistrada.

La fiscalía presentó ayer un escrito ante Alaya para que la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Seguros fijen el mapa del caso a través de las tres investigaciones que en paralelo desarrollan estos organismos en auxilio del juzgado y como expertos. La fiscalía pide a Alaya que ordene a la Guardia Civil que le remita un informe con las entradas y registros practicados desde el inicio de la causa, y la “documentación pendiente de analizar”. Para situarse, los fiscales reclaman un listado de las declaraciones tomadas a testigos e imputados pendientes de incorporar a los informes de seguimiento, además de un calendario con las fechas de ejecución y entrega de los informes de seguimiento relativos a las ayudas sociolaborales (para los ERE subvencionados por la Junta) y ayudas directas a empresas. Es decir, saber en qué punto se encuentra la causa, qué subvenciones se han revisado, cuáles se van a acometer en breve y cuáles se pospondrán para futuras fechas.

La estimación de la temperatura del caso es que los agentes de la Unidad Central Operativa ni siquiera han analizado el 10% del total de los expedientes pendientes de revisar. Los investigadores deben revisar uno a uno todos los expedientes subvencionados por la Junta entre 2000 y 2010. Y entre ayudas directas y ERE, la Consejería de Empleo subvencionó 290 expedientes.

En este punto los fiscales piden que los informes de seguimiento de las empresas aclaren en un apartado específico, si cuando recibieron las ayudas “procedieron a realizar negocios de transmisión de acciones/participaciones o de bienes de propiedad” de estas firmas. Así, los agentes aclararán si se ha producido una transmisión de títulos o bienes “que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla” de estas empresas.

Esta semana la fiscalía ha pedido también a Alaya que impute a otras dos personas en la instrucción, que ya eleva los acusados a 144 personas. Se trata de Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip, que aglutina a las empresas de la limpieza pública, porque considera que participó en la negociación que afectó a la empresa Cespa, y que derivó en la subvención de unas pólizas para solucionar el conflicto de la limpieza en Granada.

Tanto Cespa como FCC Medio Ambiente recibieron 452.000 euros de la Junta para que dicha huelga de limpieza concluyera. Según determinó Alaya, ambas firmas “serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades [del erario público]”.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en la causa, propuso que la Junta asumiera el pago de los trabajadores durante los años de duración del convenio a través de dos pólizas para estas empresas. A Jardón la fiscalía suma Juana Mancilla, “persona que participó activamente en facilitar los pagos realizados por la Junta a las sociedades del sector de limpieza de Granada Cespa y FCC”. Asimismo, el fiscal exige que el imputado Álvaro Mollinedo, de FCC, sea declarado responsable civil por esta parte de la causa.

Por otra parte, Anticorrupción ha pedido a Alaya que reclame las diligencias sobre el uso de las transferencias de financiación, herramienta de pago para los ERE, que posee el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, que estudia las inversiones de Invercaria y otras nueve empresas públicas relevantes como RTVA o Egmasa mediante este mecanismo. Entre otros anexos, el magistrado Gutiérrez cuenta con la memoria de control financiero permanente de la Intervención General que podría ser relevante para el caso ERE. Asimismo, los fiscales solicitan que se incorpore documentación remitida por la Cámara de Cuentas al Juzgado de Instrucción 16. Fuentes de este organismo puntualizaron ayer que la documentación (unos 105.000 folios) sobre los ERE reclamada por la Intervención General del Estado, que lamentó no contar con ella en un escrito, fue entregada en el juzgado de Alaya el pasado 5 de marzo.

En el caso ERE la Audiencia ha anulado la responsabilidad civil de 628.000 euros fijada por Alaya para una administrativa de la consultora Vitalia, Gemma Fátima Rodríguez, por “desigualdad de trato”, ya que su hermana desempeñó las mismas funciones y no ha sufrido la imposición de fianza alguna. “Carece de justificación objetiva y razonable (...) en idénticas circunstancias concurrentes en dicha imputada se encuentra su hermana”, censuran los jueces de la Audiencia sobre la actuación de Alaya.

Mientras, la juez ha decretado libertad bajo fianza de 250.000 euros para el empresario de Fitonovo José Antonio González, encarcelado hace tres meses en la Operación Madeja derivada del caso Mercasevilla.