Carlos Fabra presume de haber frenado a la red Gürtel en Castellón

El expresidente del PP castellonense, Carlos Fabra, ha pasado de nuevo esta mañana por los juzgados, donde ha declarado como imputado por la gestión de las corridas de toros de la Beneficencia cuando encabezaba la Diputación de Castellón.

A la salida y tras ser interrogado durante tres horas, Fabra ha presumido de haber frenado a la trama Gürtel en Castellón. El exdirigente del PP ha sido preguntado por el informe de la Agencia Tributaria que acredita la supuesta financiación ilegal de campañas electorales del PP, y que lo menciona expresamente como colaborador en la comisión de delitos fiscales de la trama. Al respecto, Carlos Fabra ha asegurado que "si en algún sitio la Gürtel pinchó fue en Castellón".

Según ha relatado, "un señor" relacionado presuntamente con la red vino a verle a la Diputación con un presupuesto para un proyecto. "Le dije que no volviera a aparecer porque la diferencia entre lo que él me presentaba y lo que me había planteado una agencia de Castellón era como 15 veces más", ha afirmado Fabra, sin concretar si la persona de la red era el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Sobre su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que le había citado como imputado por presunta prevaricación en la gestión de las corridas de toros de la Beneficencia, Carlos Fabra ha rechazado cualquier irregularidad.

Se ha declarado "políticamente responsable" de organizar las corridas de toros, pero ha destacado que en ningún momento se le advirtió de posibles irregularidades por el sistema ideado para cobrar las entradas que se enviaban a los Ayuntamientos. El exdirigente popular ha desviado la responsabilidad del último festejo de este tipo hacia su sucesor en la Diputación, Javier Moliner, y ha rechazado que se impusiera la compra de entradas a los municipios.

La fiscalía inició una investigación sobre el particular método instaurado y prolongado durante años para celebrar el festejo taurino: la Corporación provincial repartía entradas a todos los Ayuntamientos y descontaba su pago de partidas como la recaudación de tributos, subvenciones o incluso de partidas para obras y servicios. En los últimos años del evento empezaron a surgir Ayuntamientos que se negaban a pagar lo que consideraban una especie de "impuesto revolucionario" y devolvían las entradas. En este caso, la Diputación no se las cobraba.

Pero el ministerio público, tras investigar este procedimiento, concluyó que Fabra se “aseguró los ingresos necesarios” para sufragar los gastos por medio de un método de recaudación “no documentado”. Se abrió así un nuevo frente judicial para el expresidente provincial del PP tras su condena, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por delitos fiscales.

La fiscalía presentó una querella en la que atribuye al exdirigente popular y a su entonces número dos, el exvicepresidente provincial Francisco Martínez, un posible delito continuado de prevaricación de los artículos 74 y 404, y otro delito continuado de fraude y exacciones (exigencia de deudas o impuestos) ilegales de los artículos 74 y 437 del Código Penal.

Ambos están citados este lunes a declarar, aunque solo por prevaricación. Martínez debía ser interrogado en primer lugar, pero ha llegado tres cuartos de hora tarde, por lo que la juez ha iniciado la toma de declaraciones con Fabra.

El sucesor de Fabra, Javier Moliner, puso fin al sistema de gestión de las entradas de la corrida de toros al poco de su toma de posesión. El último festejo con discutibles fines benéficos llegó a cerrar con pérdidas. La Diputación gastó 179.012 euros e ingresó 190.813. Los escasos beneficios a repartir entre organizaciones (11.800 euros) se quedaron en nada después de que la institución se viera obligada a devolver los casi 20.000 euros cobrados indebidamente a Vila-real y registrara otros 4.000 euros de dudoso cobro.

Fue este cobro indebido a Vila-real lo que precipitó la apertura de la causa. El Ayuntamiento llegó hasta el TSJ para reclamar la devolución de los 20.000 euros en un contencioso por el que el tribunal constató su “verdadera perplejidad” en el método ideado por Fabra para la corrida y criticó que fuera “de forma oral, sin contrato o convenio alguno escrito”.