Alaya analiza nuevos indicios sobre el conseguidor Juan Lanzas y Ruiz-Mateos

La juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya, ha aplazado la declaración como imputado del empresario José María Ruiz-Mateos tras haber recibido un atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas a la empresa Dhul del que "podrían resultar nuevos hechos incriminatorios". También observa la magistradas más indicios de que el mediador Juan Lanzas pudo hacer facturas falsas.

Los atestados se han incorporado a las actuaciones y, según la magistrada, podrían ampliar las supuestas implicaciones de Ruiz-Mateos y "otros miembros de dicho grupo empresarial", por lo que la juez ha decidido aplazar la declaración del imputado hasta revisar la información recibida

Otro oficio que analizará la juez es sobre la presunta utilización por parte de Juan Lanzas, el considerado conseguidor, de un entramado societario para la compra de un inmueble en Albanchez de Mágina (Jaén) con fondos cuyo "verdadero origen" no se considera acreditado.

También se investigará la "presunta colaboración" de Ismael José Sierra a Lanzas para "la elaboración de facturación ficticia" y "la introducción de dinero en el circuito financiero legal". Se refiere la magistrada a dos cheques bancarios descubiertos en la casa de Ismael José Sierra a nombre de Francisco José López, un autónomo que recibió 57.091,95 euros, y de la sociedad Promociones Castelsur por 40.830,98 euros.

Por otra parte, la juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha asegurado hoy que "ni siquiera como hipótesis" se ha planteado la existencia de responsabilidad por parte del Parlamento de Andalucía en las ayudas investigadas, sino sólo de la Comisión de Economía.

La juez recuerda en un auto que ya el informe de la Intervención General del Estado aseguró que el Parlamento andaluz actuó "con estricto respeto a la legalidad" en el caso de los ERE.

Asegura en su auto que, por lo que respecta al Parlamento autonómico, "ni siquiera como hipótesis de estudio" se ha planteado la existencia de responsabilidad.

La juez matiza una serie de cuestiones del auto en el que acordó investigar lo que pudo hacer la Comisión de Economía ante la forma en que se estaban pagando las ayudas y, entre otros, acuerda pedir a la propia cámara la documentación que previamente había solicitado a la Junta de Andalucía, dada la autonomía del órgano legislativo.