El ‘caso Emarsa’ o la corrupción periférica

La depuradora ubicada en la pedanía valenciana de Pinedo está sobre una parcela maloliente, encajonada entre el nuevo cauce del Turia, la autopista de El Saler y unos jirones de huerta que la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia despreció. Desde allí un grupo reducido de personajes políticos de segundo orden —el imputado de mayor rango es el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo— montaron, supuestamente, un sistema para saquear los fondos públicos de una de las mayores depuradoras de Europa. Ni el Ayuntamiento de Valencia, ni la Generalitat, que debían supervisar la gestión, alertaron de la situación.

El magistrado Vicente Ríos, que instruye el caso Emarsa (el nombre de la empresa pública que gestionaba la planta metropolitana), ha imputado a 40 personas por participar en el saqueo de no menos de 25 millones de euros. La técnica para desviar dinero fue muy similar a la utilizada en Terra Mítica, la visita del Papa, las ayudas a la cooperación y otros escándalos. Es decir, se facturó por servicios no prestados o con sobrecostes no justificados. Y para ganarse la confianza del entorno se hicieron regalos y favores (Emarsa pasó de 67 a 103 empleados en un lustro).

Como en la mayoría de los escándalos, la Sindicatura de Comptes advirtió de la existencia de irregularidades en las contrataciones. Y también en como otros muchos casos, los dirigentes del PP se escudaron en que la Sindicatura había inspeccionado las cuentas sin hallar indicios de responsabilidad penal. El resultado fue que, en vez de investigar las irregularidades, el PP las ignoró y tradujo las auditorías, de manera torticera, como un aprobado a la gestión. Ello permitió al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, un alcalde pedáneo de Rita Barberá en Benimàmet cuya esposa llegó a trabajar de niñera en casa de Francisco Camps, seguir contratando el tratamiento de los lodos de la depuradora a 42 euros la tonelada, mientras los intermediarios subcontrataban la tonelada a 18 euros. El beneficio permitió sobresueldos de hasta 10.000 euros mensuales y gastos de imposible justificación.

Ninguno de los consejeros de Obras Públicas responsables de supervisar la depuradora, a través de Epsar (otra empresa pública), puso objeciones al funcionamiento de Emarsa hasta que esta quebró en 2010 dejando un pufo de 17 millones de euros. Ni el fallecido José Ramón García Antón, ni Juan Cotino ni Maritina Hernández. El resultado de la gestión sigue hoy en los tribunales, pero las consecuencias las pagan desde 2013 los ciudadanos que han visto aumentar entre un 10% y un 21% el canon de saneamiento en la factura del agua. Para que luego digan que la corrupción no pasa factura.