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La corrupción se atasca en unos juzgados de dos velocidades

Los fiscales piden policías adscritos al juzgado y personal especializado

Los casos de corrupción en Euskadi están atascados en los palacios de justicia. Es como si hubiera dos montones de expedientes sobre la mesa de algunos juzgados, los que avanzan a un ritmo más ágil que en el resto de España, y los cubiertos de ácaros que sólo se mueven de vez en cuando y posiblemente para cambiarlos de orden. La sentencia del titular del juzgado de lo mercantil 1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, evidenció que hay una vía rápida para resolver las demandas de los ciudadanos, frente a un puñado de casos relacionados con la corrupción en Euskadi que salvo contadas investigaciones que avanzan a buen ritmo, están atascados y acrecientan la percepción social de que hay dos justicias, “una para los poderosos” y otra para el resto de los ciudadanos. ¿Buenos jueces y malos? ¿Más trabajadores o concienciados, y menos? ¿Con pocos medios y dotaciones? ¿Presiones políticas? ¿Falta de impulso fiscal? Posiblemente no existan razones únicas y en cada caso confluyan varias de estas o todas a la vez, para extraer una conclusión, pero el asunto es que casos como el de Xabier Legarreta, o el de Bizente Arteagagoitia, los casos Victor Bravo, y el de Antton Zubiaurre, —la vertiente de los pinchazos a los ordenadores del departamento de Industria la pasada legislatura— o la derivada penal del Caso Epsilon Euskadi, no se mueven.

La tardanza es injustificable"

O si lo hacen es lentamente y más para corroborar esa percepción de impunidad que se está instalando tras la comisión de este tipo de delitos, que para asentar la eventual complejidad de desentrañarlos. Instrucciones de tres, cuatro o cinco años que pueden tener una justificación si el juez, —que en los casos penales es que el que tiene que buscar la verdad, y por lo tanto impulsar el procedimiento— se enfrenta contra viento y marea a toda clase de obstáculos, también políticos, que se le ponen delante, se han convertido en habituales en Euskadi. “La tardanza es injustificable, desmoraliza. Es cierto que a veces es inevitable, pero una vez que los casos han salido a la luz pública y se ha dado un impulso a la investigación hay que llegar hasta donde se pueda. A veces es mejor ir a juicio con lo que hay”, sostiene el fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, se refirió el viernes en Vitoria a “esa otra justicia” ágil y eficiente, rápida, transparente y próxima al ciudadano a la que aspira y que la nueva organización de la oficina judicial puede ayudar a lograr en el medio plazo. Fuentes judiciales confirmaron ese día que el Superior ha solicitado ocho jueces de apoyo que se sumarían a los cuatro sin plaza que ya hay en Euskadi, para reforzar los juzgados con mayor carga, o picos puntuales, como ha sucedido con los concursos de la cooperativa del Grupo Mondragón, Fagor, y ahora de la empresa alavesa Cegasa.

Una fiscalía anticorrupcion tiene que tener medios"

Un movimiento que pone de manifiesto la falta de medios, sobre todo en los procedimientos con más aristas, los que se centran en delitos económicos o de corrupción. La queja de los fiscales en sus memorias ha sido unánime. Necesitan estructuras de apoyo y personal especializado. El Parlamento vasco fue sensible a esa petición y envió un mensaje a la administración central para que contemple la implantación de una fiscalía anticorrupción en Euskadi. “Pero esto no puede ser una ocurrencia, tiene que tener medios, la fiscalía anticorrupción no puede ser una mera figura sin capacidad de maniobra” coinciden los fiscales provinciales. “Es más un problema de actitud del titular del juzgado, de querer” sostiene un letrado que antes fue juez. “Hay casos en los que todo el entorno empuja hacia la inactividad, y es una cuestión de actitud querer llegar al fondo, no creo que se trate de falta de medios”, insiste esta fuente, aunque reconoce que con especialistas trabajando en las propias sedes judiciales se podrían acelerar ciertos temas. “Tengo un asunto en la Audiencia Nacional por delitos fiscales que afecta a decenas de empresas y no se mueve desde hace años. No se mueve nada. No es un problema exclusivamente de Euskadi, aquí incluso van las cosas mejor pese a todo”, indica.

Un juez tiene medios para impulsar un procedimiento"

En algunos casos incluso la presión política puede frenar los procedimientos. Por lo general los casos de corrupción afectan a quienes están en el poder y lógicamente no van a facilitar las cosas. Los informes oficiales se retrasan, o no llegan, o son parciales o incomprensibles, o se dilatan en el tiempo, como las comparecencias. “El juez tiene medios para impulsar un procedimiento”, aunque sí que es cierto que con una “policía judicial” que estuviera en las propias instalaciones de los juzgados y al servicio del juez, con especialistas en delitos económicos, todo iría mucho mejor y se podrían incluso analizar con más independencia e inmediatez, sin necesidad de depender del color político, en este caso del departamento de Interior o ahora de Seguridad, que es donde están los especialistas. Todas las fuentes consultadas ponen como ejemplo el impulso que se dio a la investigación y a la lucha contra la droga en Euskadi cuando Javier Huete se puso al frente de la Fiscalía Antidroga.

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