El fiscal sostiene que Blasco y Tauroni se asociaron para delinquir
El ministerio público mantiene la petición de 14 años de cárcel para el exconsejero del PP La vista por el desvío de ayudas al desarrollo concedidas por la Generalitat entra en la recta final
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exconsejero de Solidaridad y exportavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental en la pieza del caso Cooperación relativa a las ayudas a la Fundación Cyes (Fundación Cultural y de Estudios Sociales).
El fiscal Vicente Torres ha mantenido su solicitud de pena en el primer día de conclusiones y lectura de informes en el primer juicio del caso Cooperación, centrado en las irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta consejería a la Fundación Cyes en 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros. El resto se gastó en la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.
En su exposición, el fiscal ha afirmado que el exconsejero Blasco y Tauroni utilizaron su relación para "delinquir" en las ayudas concedidas para proyectos de cooperación. Y ha apuntado: "Blasco, utilizando su condición de conseller, favorecía y beneficiaba a Tauroni a través de sus empresas, que sabía cuáles eran y a qué se dedicaban porque éste le daba cuenta".
Asimismo, ha defendido que ha quedado acreditado que Tauroni se dirigió al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, para proponerle que concurriera a las subvenciones y a cambió le pidió un 25% de lo cobrado. Esta cantidad -unos 400.000 euros por las dos subvenciones- la consiguió con facturas por conceptos que "nada tenían que ver con los proyectos".
El fiscal también ha reiterado su postura inicial en relación con los otros ocho acusados en este procedimiento: Tauroni; el que fuera subsecretario de la consejería Alexandre Català; el exdirector general Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco Xavier Llopis; la ex secretaria general de Cooperación Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último Josefa Cervera Tomás.
La solicitud de pena más alta de prisión es para Blasco, con 14 años; a él le siguen Tina Sanjuán, para la que el ministerio público solicita 13 años y medio, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; Català, con 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; Tauroni, con 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad; Felip, con 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; Llinares, con ocho de prisión y 18 de inhabilitación; Llopis, con seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, Marcial López y Josefa Cervera, para los que Fiscalía reclama cuatro años de cárcel, y el pago de una multa -para cada uno- de seis millones de euros.
En cuanto a la responsabilidad civil, los fiscales del caso -Jesús Carrasco y Vicente Torres- solicitan que López, Cervera y Tauroni indemnicen conjunta y solidariamente a la Generalitat Valenciana con la cantidad presuntamente defraudada en esta pieza, que asciende a 1.784.840,04.
