Clesa ya tiene cita con la piqueta

El edificio de Centrales Lecheras Españolas (Clesa) en la calle del Cardenal Herrera Oria de Madrid, una joya arquitectónica realizada en 1961 por el arquitecto Alejandro de la Sota, tiene cita ya con la piqueta. Su propietario actual, la constructora Metrovacesa, solicitó hace unos días la licencia municipal para tirar abajo el edificio. Dado que en la actualidad carece de protección administrativa, pese a constituir un referente de la arquitectura industrial española, ese permiso será concedido en unas semanas sin obstáculos. Para evitarlo, el Colegio de Arquitectos de Madrid se ha propuesto lograr que el Ayuntamiento abra un expediente de protección, lo que paralizaría provisionalmente el derribo.

El área municipal de Urbanismo se ha comprometido a estudiar “con mucho interés y fruición” esta iniciativa. Dentro del proceso de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, que estará listo previsiblemente en 2015, se está llevando a cabo una revisión pormenorizada de 17.000 edificios para precisar si se los protege y hasta qué punto por su valor histórico y artístico. Según Urbanismo, la fábrica de Clesa es uno más, y aunque el mecanismo para blindarlo ya está en marcha, no puede privilegiarse su caso sobre los demás. El problema estriba en que, antes de que llegue su turno y se decida (o no) protegerlo, puede haber quedado ya reducido a cascotes.

La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (PP) envió una carta al área municipal de Urbanismo (PP) la semana pasada solicitando que se blinde el inmueble. Sin embargo, declinó brindarle protección regional, aduciendo que tiene menos de 50 años de antigüedad y no conserva maquinaria industrial en su interior. Además, según la Comunidad, esa protección debe permitir dar un nuevo uso al edificio.

Pero lo cierto es que bastaría con una resolución —y no una carta— del director de Patrimonio Histórico, Jaime Ignacio Muñoz, para que la licencia de derribo quedara congelada y se abriera el proceso de protección municipal.

Esa es la decisión política que desea lograr el Colegio de Arquitectos con su iniciativa “en defensa del patrimonio”. “En cualquier país civilizado, un edificio así tendría una protección que permitiera al propietario aprovechar sus extraordinarios valores arquitectónicos aunque quiera convertirlo en viviendas, oficinas o escuela. Además, esas características incrementan el valor del conjunto resultante, aunque haya de hacerse con más cuidado”, explica su decano, José Antonio Granero.

“Parece mentira que protejamos yacimientos arqueológicos o inmuebles de más de 100 años, y cuando tenemos algo tan valioso, un edificio de referencia con muchos usos posibles, se quiera tirar abajo”, añade. En su opinión, la Administración debería dar “ventajas” al propietario de un bien protegido para favorecer su conservación, pero “ese es un debate posterior: lo fundamental ahora es evitar el derribo”.

La cuestión de fondo no es si la fábrica de Clesa debería tener protección por su valor arquitectónico sino por qué no la tiene aún. El Ayuntamiento se comprometió en 2001 a incluir en su Catálogo de Elementos Protegidos este edificio y otros 370, para cubrir así las lagunas en el blindaje de la arquitectura moderna que permitieron en 1999 el derribo de La Pagoda de Miguel Fisac. La Comunidad elaboró ese año una lista de 300 inmuebles modernos para elevar aún más su protección, declarándolos Bien de Interés Cultural. Pero hoy por hoy, la fábrica Clesa sigue desprotegida.

No es una historia nueva. La propia Pagoda, otra joya arquitectónica que se tiró porque el Ayuntamiento no le vio “ningún uso”, también se había prometido proteger en 1993. Cinco años después, era destruida por la piqueta. A la fábrica Clesa le ronda la misma suerte. Está a una decisión política de salvarse. Veremos si se produce. Y si llega a tiempo.