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Tauroni usó una firma de telefonía para facturar falsos trabajos

Un Inspector de Hacienda relató que la red repartió los fondos de la Generalitat entre distintas firmas

“Las empresas no prestaban servicios, carecían de medios y plantilla”. Las revelaciones de un inspector de Hacienda abrieron ayer una grieta en la defensa de los nueve acusados del caso cooperación, que indaga el saqueo de una subvención de 1,6 millones de euros para Nicaragua concedida por la extinta Consejería de Solidaridad durante la etapa de Rafael Blasco (2008-2010).

El funcionario indicó durante su declaración como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que la presunta red corrupta se sirvió de una constelación empresarial para repartirse el dinero de la ayuda destinada a la construcción de dos pozos en el país centroamericano, donde solo llegaron 43.000 euros de los 1,6 millones otorgados por la Generalitat. Una de las sociedades instrumentales fue Arcmed, cuyo objeto social era la telefonía y la gestión de una cafetería en Valencia, según el inspector.

Arcmed, controlada por el presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, facturó 455.000 euros por unos supuestos informes realizados en 2008 para la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), la organización que recibió la ayuda de 1,6 millones de euros de la extinta Consejería de Solidaridad. La fiscalía cree que el pago de Cyes a la sociedad de Tauroni fue una comisión.

Trabajos no prestados

El funcionario relató que la red repartió los fondos de la Generalitat entre distintas mercantiles. El dinero se destinó a la adquisición de pisos, plazas de garaje y la contratación de reformas para estos inmuebles. Y que la trama emitió facturas falsas a través de la firma de Tauroni GCS para justificar trabajos que nunca se prestaron en Nicaragua. El presunto cabecilla del saqueo no aportó ninguna prueba sobre la veracidad de estos servicios durante una inspección de Hacienda.

Tras el rastreo de cinco cuentas bancarias y el cotejo de la base de datos de la Agencia Tributaria, el inspector afirmó que los fondos usados por la Fundación Cyes para adquirir los polémicos cuatro inmuebles en Valencia por valor de 806.000 euros procedían íntegramente de la Generalitat. Cyes, dijo el funcionario, no solicitó ningún préstamo bancario.