Las clínicas de Pascual reclaman a Salud 45 millones por la atención a pacientes

La consejería rechaza la demanda y la atribuye a una “estrategia de presión”

Enfermeras en la clínica San Rafael de la empresa Pascual.
Enfermeras en la clínica San Rafael de la empresa Pascual.Eduardo Ruiz

La empresa Pascual, que gestiona seis hospitales con servicios concertados en Andalucía, ha presentado una reclamación ante la Consejería de Salud en la que exige el pago de 45.604.617,67 euros en concepto de servicios sanitarios prestados por encima del acuerdo firmado con la administración. Esta demanda se produce después de que la Junta haya decidido de forma unilateral prorrogar el concierto con esta compañía reduciendo un 5% su aportación económica, tras fracasar varios intentos de consenso entre ambas partes. El Gobierno andaluz circunscribe esta petición en una “estrategia de presión” de la empresa y niega los datos aportados por Pascual en su reclamación.

La compañía sanitaria presentó su exigencia de dinero en un escrito de 10 páginas a la Dirección General de Planificación y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud con fecha de entrada el 5 de marzo. Está firmado por el abogado Jesús Manuel Ortega Limón, en representación de la sociedad anónima José Manuel Pascual Pascual, responsable de los hospitales de San Rafael (Cádiz), Sanlúcar, El Puerto y Villamartín, en la provincia gaditana; el Blanca Paloma, en Huelva, y el Doctor Pascual, de Málaga. La empresa recuerda que desde el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 31 de enero de 2014 estuvieron en vigor los dos contratos firmados con la Junta de Andalucía para que estos centros sanitarios prestasen servicios públicos previamente pagados por Salud. Según este escrito, la Junta se comprometió a pagar 229.023.808,02 euros, a cambio de que Pascual ofreciese 1.205.231,94 unidades de producto concertado (medición de consultas, estancias o intervenciones quirúrgicas).

Ese contrato se redujo en Cádiz y Málaga un 3’05% de forma unilateral por la Junta de Andalucía. Se redujo el dinero y también esas unidades de producto concertado, aunque Pascual mantiene recurrido en el contencioso administrativo esa medida. Con todos estos datos, la empresa ha hecho cálculos y cree que durante este período ha excedido en 235.321,26 unidades de producto concertado sobre lo contratado inicialmente por la Junta. Lo justifica con la presentación de facturas mensuales. Pascual argumenta en su escrito que trató de advertir de esta situación con la petición de convocatoria de las comisiones de seguimiento de los conciertos para cerrar las liquidaciones anuales, pero la Junta no atendió esta solicitud. De ahí que ahora reclame estas cantidades, más de 45 millones de euros, por el exceso de servicios prestados.

Pascual se aferra a que el pliego de condiciones del contrato recogía que estos conciertos “obedecen a la insuficiencia de medios propios para atender la demanda de salud de la población y para garantizar los plazos de respuesta marcados por la Junta de Andalucía”. En virtud de esta cláusula, Pascual aceptó más pacientes de los que determinaba su contrato y, como no hubo forma de advertirlo en las comisiones de seguimiento, debe ser ahora cuando pague.

El escrito llega después de que la consejera de Salud, María José Sánchez, confirmase en Cádiz que no hubo acuerdo con la empresa para renovar el acuerdo, de forma que “por interés público”, la Junta optó por prorrogarlo un año más, aunque reduciendo un 5% las cantidades económicas aportadas. La decisión no ha sido asumida por la empresa que, como respuesta, presentaba esta reclamación económica. Tampoco ha sido bien vista por los trabajadores. Creen que esta decisión unilateral pone en peligro el mantenimiento de, al menos, 300 puestos de trabajo. Pero el comité interempresas no culpa al empresario, sino a la Junta. Contra ella está convocada una manifestación este viernes en El Puerto de Santa María. Partidos políticos como PP y PA, y autoridades como el alcalde de esta localidad y el subdelegado del Gobierno han apoyado esta movilización que anima a participar en contra del cierre de hospitales. El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, cree que todo forma parte de una estrategia de presión de la empresa y recuerda que litigios económicos anteriores con esta misma empresa han sido vencidos en los tribunales. El vicepresidente Diego Valderas animó a los empleados a manifestarse no contra la Junta sino contra el dueño de la empresa.

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