Pastor presionó a Cox y Albatera para ‘salvar’ el vertedero de Ortiz

El consorcio de residuos de La Vega Baja solicitó este martes un informe jurídico externo sobre la contrata de basuras en manos de la UTE Cespa-Ortiz para encontrar argumentos para rescindir un convenio contra el que existe un amplio rechazo social y municipal, pero conseguirá el efecto contrario del que persigue.

Los propios servicios jurídicos de la Diputación de Alicante dudan de que la contrata pueda anularse. Esta tesis reforzaría las pretensiones de la Consejería de Medio Ambiente y de la propia presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, de poner en marcha cuanto antes el Plan Zonal. Pastor, el pasado verano, llegó a poner sobre la mesa su posible dimisión si Cox y Albatera seguían empeñándose en que no saliera adelante la iniciativa.

El plan zonal de La Vega Baja está actualmente bloqueado. Albatera se opone al macrovertedero que almacenará en su sierra las más de 250.000 toneladas que genera la comarca. En Cox y La Granja, las dos localidades donde debía ubicarse la planta de transición en la que los Ayuntamientos podrían compactar basuras y reducir el coste del traslado hasta Albatera, se niegan también a dar permisos a la UTE para establecerse.

Los vecinos protestaron contra el actual plan zonal de La Vega Baja

Durante la sesión del consorcio, Medio Ambiente, Diputación y los 27 alcaldes de La Vega Baja escenificaron ayer una unión en contra de una contrata que es el origen del caso Brugal. Mientras se celebraba la reunión, en la calle protestaron una treintena de personas contrarias al macrovertedero. Sin embargo, lo que se prevé que recoja el informe es lo que Pastor dijo a sus compañeros del PP, los alcaldes de Cox y Albatera, Carmelo Rives y Federico Berna, el 29 de julio pasado en sesión de extraordinaria y urgente. La presidenta, tras advertir modificar el contrato facilitaría que la empresa pidiera indemnizaciones por incumplimiento, llegó a amenazar con dimitir si se cambiaba, según consta en acta, e intentó que la consejería alegara algo contra las modificaciones urbanísticas de Rives y Berna.

Los alcaldes se vieron presionados por la secretaria de la Diputación, Amparo Koninckx y dos altos cargos de Medio Ambiente, Vicente Tejedo y Francisco Javier Sogorb. Koninckx, según consta en acta, apuntó a que en el caso de Cox podría llevarse a cabo una expropiación forzosa e incluso entenderse su posición como “un fraude de ley”. Durante la reunión un asesor de Pastor, que consta en acta como el señor López, apuntó que el consorcio tenía “una posición de debilidad jurídica frente a la empresa”.

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, ayer votó a favor de la consulta jurídica sin fiarse de la misma, puesto que pedirá otro informe interno a la abogacía de la Generalitat.

La única vez que se rompió la disciplina de voto del consorcio fue cuando, por defecto de forma, se votó contra la iniciativa de la Plataforma Albatera No al vertedero para anular la contrata. Se opusieron Orihuela (Los Verdes y PSPV), los socialistas Benferri, Los Montesinos, Rafal, Rojales, San Isidro y los populares Cox, La Granja, Albatera.