Currás promete que no destituirá a los siete ediles abocados al banquillo

El alcalde de Santiago pide a Feijóo una excepción en el código ético del PP

El alcalde de Santiago, Ángel Currás
El alcalde de Santiago, Ángel Currás ÓSCAR CORRAL

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, del PP, garantizó ayer que no va a destituir a ninguno de los siete ediles que componen su Junta de Gobierno, abocados a sentarse en el banquillo por una doble acusación de una juez y una fiscal que les imputan haber prevaricado cuando decidieron pagar con dinero público la defensa de su compañero Adrián Varela, investigado por corrupción en el sumario del caso Pokémon. El regidor manifestó su intención de mantener a todos en sus puestos independientemente de que al final vayan a juicio. Solo la aceptación de un recurso por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña podría evitarlo. Y Currás dijo algo más: sus planes los conoce ya el líder del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el que conversó el pasado martes.

El regidor compostelano no quiso desvelar la conversación privada que mantuvo con el presidente de la Xunta, pero sí reclamó por que el PP establezca una excepción en su código ético para no hacer renunciar a los ediles procesados, tal y como obligan sus normas internas. Preguntado sobre si la dirección del PP gallego debe establecer una salvedad en Santiago, respondió que sí. Y pese a invocar el respeto a las decisiones judiciales, volvió a deslizar dudas sobre la instrucción de este caso y el papel de la fiscalía. “Creo que es difícil suponer que en una Junta de Gobierno asistida con un letrado municipal, con un interventor y con un informe jurídico del asesor del Ayuntamiento, siete ediles se pongan de acuerdo para adoptar una decisión injusta y arbitraria. Por eso sigo creyendo en ellos”.

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El criterio esgrimido por la fiscalía —que pide nueve años de inhabilitación para cada uno de los siete ediles— y de la jueza que ha dictado orden de apertura de juicio oral, parte de que el dictamen del secretario municipal solo facultaba a la Junta de Gobierno a cargar al presupuesto público la minuta del abogado de un edil si este fuese acusado de una actividad relacionada con su cargo y resultase absuelto. Adrián Varela está imputado por los delitos de soborno, fraude documental y prevaricación en el caso Pokémon, que indaga sobre presuntos amaños de contratos en varios ayuntamientos gallegos. Los escritos de acusación del fiscal y de la juez han repetido que los ediles tomaron la decisión de abonar la defensa de su compañero desde el Ayuntamiento “a sabiendas” de que era una decisión injusta. Los concejales implicados lo niegan y fían todo al recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Esa última resolución judicial podría demorarse semanas y entretanto la dirección regional del PP gana tiempo para tomar una decisión. De momento, Feijóo descarta la idea de disolver el Ayuntamiento y montar una gestora —que debería refrendar el Consejo de Ministros y avalar el Senado— y ha calificado ese plan como “desproporcionado”.

El presidente ha admitido públicamente en las últimas semanas que le entristece ver las portadas repletas de sumarios de corrupción e incluso ha recordado que los cargos públicos que están imputados en Galicia son el 2% del total. También ha prometido medidas en favor de la regeneración política. Pero ahora, el hombre que él mismo ha situado al frente de la capital de Galicia —tras la caída de Gerardo Conde Roa por un caso de fraude fiscal— le pide que establezca una excepción en el código ético del PP. Algunos dirigentes populares allanan el camino y, por si acaso explican que este no es, formalmente, un caso de corrupción.

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