Benalmádena pierde la ampliación del puerto por la inacción municipal

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha iniciado los trámites para retirar al Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga, 69.002 habitantes) la concesión para ampliar el puerto deportivo del municipio, el más grande de Andalucía. El permiso para extender el recinto se otorgó en enero de 2012 y desde entonces no ha habido avances.

Según fuentes del organismo dependiente de la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento no ha presentado el proyecto de construcción ni ha pagado el canon que le correspondía, lo que ha generado una deuda de 415.000 euros. El gobierno local, del Partido Popular, tiene de plazo hasta el 18 de marzo para presentar alegaciones contra esta decisión.

La medida no afecta a la gestión de Puerto Marina, en manos municipales desde principios de la década de los setenta del siglo pasado, sino a la reforma solicitada por el Ayuntamiento con la idea de duplicar el número de atraques hasta alcanzar los 2.000. La solicitud fue atendida por la Junta y hace algo más de dos años se dio una concesión por 30 años. La inversión inicialmente prevista para este proyecto superaba los 67 millones de euros.

Pero no ha habido actividad alguna por falta de recursos económicos. El pliego de condiciones otorgaba un plazo de seis meses para presentar el proyecto constructivo e iniciar las obras, algo que no se ha producido. Las fuentes de la APPA explican que se han dado tres prórrogas y hace un año se advirtió al gobierno local de que si no había movimientos relacionados con el plan, podría proceder a extinguir la concesión.

La Junta entiende que el incumplimiento de los plazos y la paralización del proyecto ya justifican la retirada del permiso, motivos a los que suma la propuesta realizada el pasado noviembre por el Ayuntamiento para poder asumir la obra.

El Consistorio planteó la posibilidad de acudir a una licitación para captar a un inversor privado, una especie de “sobreadjudicación” que desde la consejería tachan de “ilegal” y que no está prevista en el pliego de condiciones. Tampoco se contempla en el documento pactado entre ambas administraciones la petición municipal de que se puedan unificar las dos concesiones (la del actual puerto y la de la ampliación) para que ese hipotético socio pudiera explotar las dos dársenas.

También en noviembre, el Ayuntamiento informó a la APPA de que necesitaban un plazo de ocho meses para poder realizar “ensayos geotécnicos” antes de iniciar el proyecto, aunque tampoco se aludía a una fecha concreta. Las fuentes recalcan que la deuda que se va generando por el impago del canon del puerto repercute directamente en los ciudadanos, ya que aumenta el agujero en las arcas municipales. En definitiva, esa deuda y, sobre todo, la inactividad y el incumplimiento de los plazos han derivado en el plan de retirada de la concesión.

Para la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez (PP), la decisión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía responde a “motivos políticos”. La regidora también ha acusado al Gobierno andaluz de “alterar” el proyecto de ampliación del puerto sobre el que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó en su día la adscripción de terrenos, algo que habría afectado, por ejemplo, a la extensión de la lámina de agua. García Peláez entiende que la medida de la Junta no se corresponde con cuestiones técnicas, sino que “se enmarca en la deslealtad política”, y ha anunciado que alegará contra la propuesta de retirada de la concesión.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Benalmádena han criticado al gobierno local por su actuación en este asunto, declaraciones que de inmediato fueron contestadas por los concejales de Presidencia, Puertos y Playas. Los tres ediles del PP han acusado a PSOE e IU de alinearse con la Junta “a la hora de castigar por razones políticas” al municipio, en la línea del discurso de agravio esgrimido por la alcaldesa. También han pedido al Gobierno andaluz que regularice la concesión del puerto.