Cinco concejales gaditanos detallan a la juez sus relaciones con Quality Food
La investigación rastrea los vínculos del Ayuntamiento con la empresa pública
¿Quién trajo Quality Food a Cádiz? ¿Cuál fue el papel del Ayuntamiento gaditano? La juez Rosa María García Jover ha incidido en estas preguntas en los últimos interrogatorios en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz. En los últimos meses ha llamado a declarar hasta cinco ediles del gobierno de Teófila Martínez: Ignacio Romaní, Fernando Sicre, Enrique García Agulló, Jorge Moreno y Francisco Villarreal. En las transcripciones de sus declaraciones, a las que ha accedido EL PAÍS, algunos concejales aseguran no saber nada de las irregularidades detectadas y otros admiten que avisaron de sus reticencias a la empresa de alimentación por la que, según la instrucción, se pudieron desviar millones de euros de la Zona Franca a intereses particulares.
La investigación arrancó hace una década después de que la Zona Franca se querellase contra el dueño de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo, por presunta estafa. El entonces delegado del Consorcio, Miguel Osuna (PP), acusó a Gallardo de haberle engañado. Sin embargo, la instrucción dio un vuelco al considerar que Osuna y sus colaboradores pudieron ser partícipes del engaño. Las declaraciones de estos ediles confirman esta relación. Entonces Manuel García Gallardo era presidente de Nuevas Generaciones de San Fernando y su proyecto recaló en Cádiz. “Iba a crear 200 puestos de trabajo, y se convertía en una de las principales empresas de la ciudad, después de la Administración pública, claro”, sostuvo el actual concejal de Fomento, Ignacio Romaní, en su declaración el pasado año como testigo. Como miembro del comité ejecutivo el voto de Romaní fue fundamental para que el 23 de diciembre de 2003, la Zona Franca adquiriese la mayoría de acciones de la empresa. Y de ahí que la juez le insista. “¿El señor Gallardo llega a Zona Franca de mano del Ayuntamiento?”. Y Romaní responde: “Supongo que habría ido al Ayuntamiento, a Zona Franca y muchos sitios. Nosotros cogemos el proyecto de buena gana. En todo caso, mi antecesor estaba convencido de que era un buen proyecto”.
Su antecesor era Sicre, actualmente apartado de la política. Todos los imputados le señalan como la persona que trajo a García Gallardo a Cádiz. “¿Fue usted quien instó a que Quality Food se instalase en la Zona Franca”, le preguntó la juez en 2013. “Yo comuniqué el interés de una empresa que ha venido a tener un contacto con el Ayuntamiento y necesita espacio físico”. La juez le recuerda que él apoyó la concesión de préstamos a la compañía. Sicre asintió. Pero, a partir de ahí, se desvincula del resto de apoyos, sobre todo de la ampliación de capital que se concedió a Quality Food cuando la Zona Franca aprobó quedarse con la mayoría de acciones en 2001. Sicre, a pesar de ser del PP, votó en contra de lo que hicieron los otros vocales y concejales Ignacio Romaní y Enrique García Agulló. No estaba de acuerdo con esa operación, aunque muchas de sus reticencias no aparecen en las actas porque, según él, “no transcribían literalmente lo que ocurría en esas reuniones”.
La juez le insiste en su interrogatorio. “El delegado Miguel Osuna, ¿recibía directrices del Ayuntamiento?”. “No lo sé”, responde Sicre. Y repregunta: “Osuna ha dicho que todo se hacía con el consentimiento del Ayuntamiento”. A lo que el exedil contesta: “A mí no me llamaba. Si llamaba a alguien más, no lo sé”. De todos estos concejales, la juez solo ha pedido la imputación de Romaní, aunque él ha recurrido ante la Audiencia Provincial. El auto justificaba la imputación en la participación del Ayuntamiento en la toma de decisiones de Zona Franca con el conocimiento de Romaní.
Desconocidos entre sí
Unas de las declaraciones más controvertidas ha sido la de Jorge Moreno, edil de 1999 a 2003, y actualmente consejero del PP en la RTVA. Moreno niega cualquier relación con Quality Food e, incluso, haber tenido contacto con los protagonistas del caso. Sobre Osuna dice: “Sé quién es pero no trataba con él porque no era mi responsabilidad. Le habré visto en algún acto institucional”. De García Gallardo: “Sé quien es pero nunca he tenido trato con él. Nunca me he tomado un café, ni me he reunido, ni lo he llamado. También sé quien es Obama pero no tengo relación con Obama”.
Moreno también niega proximidad con Ignacio Romaní: "No tengo trato con él pero sé quién es". O con Sicre, a quien define como "un concejal más". El exedil afirmó que no tuvo despacho municipal en el Ayuntamiento después de dejar su acta de concejal en 2003. La juez le recordó que, como testigo, está obligado a decir la verdad. Su interrogatorio fue especialmente intenso con el abogado de García Gallardo, Marco García Montes, quien le preguntó por reuniones mantenidas con Osuna y García Gallardo antes de la compra de acciones de Quality Food. Él las negó todas. En su auto de imputación, la juez daba por bueno que Romaní y Jorge Moreno sí se reunieron con Osuna para apoyar la compra de las acciones.
El último exedil en declarar fue Francisco Villarreal, citado como testigo. También ha negado conocer a compañeros de banquillo como Romaní o Moreno. Durante su interrogatorio reconoció el cobro de unos cheques de 48.000 euros a nombre de la empresa cuatro días después de que Zona Franca se hiciera con la mayoría de acciones, pero aseguró que entregó el dinero a García Gallardo, a quien acusó de graves irregularidades contables.
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