Digno de mejor causa

Los esfuerzos de Alberto Fabra por recuperar la iniciativa política son dignos de mejor causa. En Madrid, en el Club Siglo XXI se comprometió a “no permitir que ninguna persona imputada por un delito de corrupción, pueda ostentar cargo de responsabilidad ni en mi gobierno, ni en mi grupo parlamentario, ni en mi partido”. Y añadió: “les aseguró que en las listas de mi partido para las próximas elecciones, no habrá ninguna persona imputada judicialmente por delitos de corrupción”. Fabra parece que esta vez va en serio. Es muy probable —casi seguro— que en la contundencia de su afirmación pesen unos sondeos muy negativos para el PP en la Comunidad Valenciana, la presión de la dirección nacional del partido que no quiere ver una foto de dos exconsejeras de Turismo sentadas en el banquillo por su implicación en el caso Gürtel vísperas de unas elecciones europeas y las propias convicciones presidenciales, pese a las cuales, el presidente consultó con Génova las medidas a tomar con Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Al jefe del Consell hay que reconocerle que desde que llegó al cargo ha peleado contra la corrupción en el seno de su gobierno y del PP, aunque con fortuna desigual. Han sido sus dudas y vacilaciones las que han provocado que en muchas ocasiones su discurso no acabara de resultar convincente. Ahora, aunque sea forzado por las circunstancias, parece que no hay vuelta atrás en su voluntad. Con todo, hay que fijarse en las negritas que figuran en el texto original del discurso del presidente de la Generalitat en el Siglo XXI. No son casuales. Fabra distingue entre “imputados administrativamente”, categoría en la que figurarían el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; y los imputados judicialmente que serían aquellos que tienen que someterse a juicio oral, caso de las exconsejeras citadas o del exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi. Las matizaciones de Fabra no se sostienen desde ningún punto de vista jurídico. No hay ningún imputado que no lo sea judicialmente; pero estos distingos le sirven para escapar del fuego amigo que sufre desde sus propias filas. La incapacidad de los partidos políticos, y del PP en particular, para obligar a sus cargos públicos a asumir responsabilidades políticas por sus errores ha generado entre los implicados en los diversos casos mecanismos de autodefensa muy eficaces. Si la doctrina oficial es que nadie dimite hasta que exista una sentencia en firme porqué, pues, hay que hacer caso a los sentidos llamamientos de la cúpula del poder cuando se siente amenazada por unas encuestas desfavorables.

La lenta y retrasada labor —no por ello menos encomiable— de apartar a los corruptos de los cargos públicos no es el único síntoma que permite intuir que el PP es consciente de que los ciudadanos le han dado la espalda. El Consell anuncia una celebración por todo lo alto del 30 aniversario de la Ley de Símbolos. Es un recordatorio un tanto absurdo por cuanto, que se sepa, salvo grupúsculos minoritarios, nadie cuestiona los símbolos. Por explicarlo gráficamente: en la Comunidad Valenciana (denominación que no gusta ni a quienes se la inventaron, pero que se acata) todos somos blaveros en la misma medida que todos los españoles somos monárquicos, con independencia de cuál sea el modelo de estado que preferimos. Pero el PP no puede resistirse a dejar de monopolizar los símbolos de todos los valencianos de forma excluyente. Por eso celebran con todo el boato una ley, por cierto, impulsada y aprobada por esos socialistas a los que ahora consideran catalanistas. La celebración está bien y es un signo de normalidad. En el fondo, están rindiendo un homenaje al Consell de Joan Lerma. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, cuyo aniversario convirtieron en poco menos que clandestino. El PP no acostumbra a llevarse muy bien con el valenciano. Y se nota, claro.