Colapso en los juzgados de Alicante
Las salas de lo Social fijan señalamientos urgentes para dentro de 6 meses y el resto para 2016 Torrevieja y Orihuela doblan su carga de trabajo
La crisis económica, la corrupción y los despidos laborales han multiplicado las demandas que llegan a los juzgados. Todos coinciden en que no dan abasto, faltan medios humanos y es urgente mejorar las condiciones laborales. En la provincia de Alicante la situación más preocupante se vive en Torrevieja y Orihuela donde las causas se eternizan y los ciudadanos tienen que esperar horas para un simple trámite. “El gran problema es la flexibilidad, ni se pueden modificar las competencias de los partidos judiciales ni trasladar funcionarios”, admiten fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. “Hay más población, muchos más litigios y el mismo personal que hace años”, resume Jaime Martínez de Hijas, delegado sindical de CC OO en Justicia.
La situación roza el colapso pese a los esfuerzos de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Pilar de la Oliva, y de los decanos para pedir y conseguir refuerzos de personal. Sin embargo, no es suficiente. En Alicante en las salas de lo Social los señalamientos urgentes se fijan para dentro de cinco o seis meses y el resto a partir de 2016. En la localidad de Ibi, debido a la acumulación de casos de corrupción, se ha destinado una Juez de Adscripción Territorial (JAT) y se ha liberado todo el retraso de Civil, según fuentes del TSJ.
Los juzgados de Orihuela también han sido reforzados con un juez y un secretario para los dos; en Benidorm hay dos jueces y dos secretarios más, al igual que se ha hecho en Torrevieja, donde según fuentes sindicales, el 90% del personal es interino porque “no pueden soportar la elevada carga de trabajo”.
Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante, recuerda que de los 10 millones de casos que tramitan cada año los juzgados en España unos 400.000 corresponden a la provincia de Alicante. “Hay más trabajo y menos medios, llevamos tres años en los que no se crean nuevos órganos judiciales”, admite Magro quien entiende que con la actual coyuntura económica es difícil ejecutar proyectos pendientes como la Ciudad de la Justicia de Alicante, proyectada desde hace 18 años y que el expresidente Francisco Camps se comprometió en público a construir en tres ocasiones distintas.
"Hay más trabajo y menos medios”, dice el presidente de la Audiencia
La falta de infraestructuras se está solucionando con obras de reforma y mejora de la Audiencia de Alicante, cuyo presupuesto es de 4,3 millones de euros, y la próxima rehabilitación de los juzgados de Benalúa, que arrancará este verano tras la reforma de la Audiencia. “El problema es que en este país se tiende a judicializar todos los conflictos y eso es inviable”, lamenta Magro.
Desde la Consejería de Gobernación y Justicia destacan que se están aplicando “medidas para dar solución a la problemática carga de trabajo”, y citan como ejemplo que durante el primer semestre de este año se han reforzado 30 órganos judiciales en toda la Comunidad Valenciana con 52 nuevos funcionarios, lo que ha supuesto una inversión de la Generalitat de 700.000 euros. “Aumenta el número de procedimientos pero la plantilla es la misma hace décadas, y estamos teniendo problema para cubrir las bajas por enfermedad”, denuncia la delegada de Intersindical, María del Carmen Cuenca.
Ante esta situación de atasco judicial, Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante, considera que “la clave es buscar métodos alternativos para la resolución de conflictos”, y apunta directamente a la mediación civil, mercantil y penal en litigios menores como podrían ser conflicto en comunidades de vecinos, separaciones, divorcios, ejecuciones hipotecarias, arrendamientos urbanos o quejas de consumidores y usuarios. “Esto supondría creación de empleo y desatascaría los juzgados en gran medida”, asegura Magro, quien admite, no obstante, que “en España no hay cultura de la mediación”. Para caminar en este sentido ya se ha abierto el registro de mediadores y algunas demandas ya se empiezan a resolver por esta línea. “La mediación es más barata, ágil y eficaz”, concluye.
El CGPJ consideró en 2011 que los juzgados de Torrevieja eran de los más colapsados de España
El informe del Consejo General del Poder Judicial de mayo de 2011 ya reflejaba que los juzgados de Torrevieja eran los “más colapsados de España”, y en algunos casos multiplican por tres y por cuatro el número de asuntos recomendados que debe tramitar un juzgado (unos 800 cada año). El diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, en una visita reciente con los sindicatos aseguró que los juzgados de Torrevieja en el año 2010 tramitaron 4.000 asuntos, más de cinco veces más de la media recomendable, y en la actualidad son unos 2.000 asuntos por juzgado. “Se está provocando una situación muy grave para los intereses de Torrevieja, ya que con esta saturación se consigue que se retrasen los procedimientos y sus sentencias, algo que puede tener consecuencias fatales”, advierte Blanco.
El propio fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce, que visitó la semana pasada las fiscalía de Alcoi y Alicante instó a la Generalitat a poner “remedio con urgencia a las graves deficiencias” que arrastra la Justicia en esta provincia. “No pedimos el cielo, sabemos de las enormes dificultades presupuestarias pero una de las prioridades es atender a la Justicia y evitar que estas deficiencias se prolonguen en el tiempo”.
El fiscal general tuvo que esquivar en su visita cajas apiladas repletas de expedientes y comprobar la precariedad en la fiscalía desarrolla su labor. María del Carmen Cuenca, de Intersindical Justicia en la provincia de Alicante, critica las condiciones en las que trabajan los funcionarios y pone como ejemplo la escalera de la Fiscalía de los juzgados de Benalúa, donde los expedientes se acumulan en cajas, y apenas hay medidas de seguridad.
Algunos refuerzos llegarán en abril
En Alicante capital los juzgados acumulan casos por encima de la media en áreas de lo Social, Penal y Primera Instancia, según los datos reflejados en la Memoria de 2013. El juez decano, Juan Carlos Cerón, califica de “bastante mala” la situación y solicita a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia tres nuevos jueces para los asuntos del orden laboral, tres para los de penal y uno para primera instancia. Los refuerzos llegarán “a partir de abril”, una vez los jueces salgan de la Escuela Judicial.
La radiografía de los juzgados en Alicante es que en Primera Instancia se acumulan 2.121 asuntos, cuando la recomendación es de entre 738 a 844, mientras que en Penal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece como “razonable” 436 asuntos cuando en Alicante el órgano que menos suma llega a los 995.
En cuanto al ámbito social, que son los órganos en los que más se notan los efectos de la crisis, el juzgado que menos asuntos tiene sobre la mesa alcanza los 1.142 cuando el CGPJ cifra lo razonable es entre 670 y 800 casos. Juan Carlos Cerón reconoce que tal volumen de trabajo está obligando a dilatar las agendas de señalamientos hasta 2016. “Una consecuencia no deseable”, admite Cerón, ya que en los casos de despidos, que son “procedimientos de urgencia”, las agendas se están estableciendo para 2015. El juez decano reconoce que la entrada en vigor de la Ley de Tasas y la mayor entrada de casos en 2012 están detrás de la caída en el número de asuntos que se dilucidan en estos momentos en los juzgados de lo contencioso-administrativo, con descensos en las sanciones administrativas de hasta el 28,99%, al pasar de las 238 en 2012 a las 169 en 2013. Cerón también destaca como las ejecuciones hipotecarias han caído un 22%, en 2013 respecto a 2012 en tanto que los lanzamientos por desahucio de alquileres han crecido un 12,87%.
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