La inviable reforma electoral de Fabra

Las propuestas del Consell destinadas a recuperar la confianza de la ciudadanía en las Cortes Valencianas corren el riesgo de provocar el efecto contrario al deseado. La improvisación y la falta de coherencia a la hora de abordar las políticas de regeneración democrática han llevado al Gobierno valenciano a presentar propuestas a sabiendas de que serán rechazadas o que tienen muy poca viabilidad.

Este es el caso de la propuesta formulada el lunes en Madrid por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que propuso “un cambio profundo” del sistema electoral que permita la elección directa de, al menos, un tercio de los diputados a Cortes a través de circunscripciones que coincidan con las comarcas o partidos judiciales.

Una idea que el PP valenciano rumia desde 2010 y que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, y el propio Fabra descartaron a finales de 2011. En abril del año pasado, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, lanzó, también con la idea de impulsar la regeneración democrática, una propuesta de reforma electoral basada en elegir a la mitad de los diputados de manera directa en circunscripciones comarcales y a la otra mitad mediante la votación a las candidaturas de los partidos en una circunscripción única para toda la Comunidad Valenciana con reparto proporcional.

Lo sorprendente es que ninguno de los dos grandes partidos ha mantenido conversaciones formales con el otro sobre esta materia en los últimos años. Es más, Fabra ha decidido lanzar su propuesta de reforma electoral tras llevar a las Cortes un proyecto de ley para reducir el número de diputados —de 99 a 79— a sabiendas de que será rechazada por los grupos de la oposición que no le otorgarán la mayoría cualificada necesaria para impulsar esta reforma del Estatut.

Ayer, la coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, hizo notar que si el Consell mantiene su proyecto de ley para reducir el número de diputados no podrá presentar ningún otro proyecto de ley que afecte al mismo punto del Estatut (el artículo 23), según el reglamento de las Cortes. Una situación que Sanz considera que se daría si el Consell insiste en presentar un proyecto de ley de reforma electoral valenciana.

El Ejecutivo desea que Martínez y Such dejen el escaño antes del juicio

El Consell no quiso este martes avanzar ningún detalle más de la propuesta del presidente de la Generalitat y señaló que solo explicará su propuesta cuando se siente con los grupos de la oposición.

Para añadir mayor confusión, el portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, aseguró que la reforma de la ley electoral no es incompatible con la reducción de diputados —no explicó cómo se compaginaría la existencia de un mayor número de circunscripciones con un menor número de escaños— y aseguró que en la misma mesa de negociación se incluirá la renovación del Síndic de Greuges y las vacantes de otros dos organismos estatutarios.

Un sudoku que, además, está enmarcado dentro del ciclo electoral que se inicia ahora con los comicios europeos, al que seguirán municipales y autonómicas.

No es el único ejemplo de política errática. Fabra también adelantó el lunes que reformará el reglamento de las Cortes para poder intercalar “periodos de participación ciudadana entre los periodos de sesiones legislativas”. Una medida que los populares no habían planteado hasta ahora en el actual reglamento parlamentario, pese a que sí han impuesto al resto de grupos políticos otras iniciativas relativas a la supresión de comisiones o al decoro parlamentario.

Entre las medidas anunciadas en la conferencia pronunciada en Madrid, la mayoría de las cuales no se incluyeron en el último debate de política general, el presidente de la Generalitat anunció una ley autonómica de Transparencia “más exigente que la legislación estatal”. La decisión se produce con los sondeos electorales a la baja y después de que en octubre de 2012 el propio Consell se negase a la tramitación de una proposición de ley sobre transparencia presentada por EU. Entonces el Ejecutivo de Fabra justificó su rechazo por “la coincidencia temporal” con la tramitación de la ley de Transparencia que preparaba el Gobierno de Rajoy.

Los populares se opusieron en 2012 a tramitar una ley de Transparencia

El anuncio de este proyecto de ley por parte de Fabra enmascara también las dificultades del Consell para gestionar la situación de los ocho imputados del Grupo Popular en las Cortes, especialmente tras fijarse la apertura del juicio oral que sentará en el banquillo a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Unas parlamentarias a las que el Gobierno valenciano no acaba de convencer para que abandonen su escaño antes de sentarse en el banquillo el próximo 31 de marzo por las adjudicaciones del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur (la Feria Internacional del Turismo) a la trama corrupta de Gürtel.

La reiteración de Fabra de que no incluirá cargos imputados en las próximas listas electorales reavivo ayer el sordo malestar existente en distintos sectores del PP, pero nadie se pronunció públicamente. Es más, en Alicante, donde la alcaldesa Sonia Castedo está imputada en el caso Brugal, un cargo de la dirección provincial del PP afirmó: “No es ninguna novedad que en Alicante haya un candidato imputado, [el anterior alcalde, Luis Díaz] Alperi se presentó así en todas”, informa Rubén Esquitino.

Este martes Fabra pasó todo el día en Madrid, donde firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un protocolo para desarrollar las terminales logísticas intermodales vinculadas a los puertos valencianos, y acudió al Congreso a arropar a Rajoy. Los detalles de su plan de regeneración democrática tendrán que esperar.