Represión

Hace unos días en un anterior artículo afirmé que los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades. Una vez más la derecha ha visto la oportunidad de implantar sus políticas de seguridad. Ante las movilizaciones, huelgas, manifestaciones, encierros, escraches y otras actividades ciudadanas contra los recortes, las privatizaciones, la corrupción y en favor de una democracia más participativa, la derecha gobernante ha movido los hilos de la represión.

El PP ha desarrollado su ideología autoritaria: antes que dialogar hay que silenciar. Antes de buscar la complicidad ciudadana hay que convencerles con leyes represivas o con los antidisturbios. O con los dos a la vez. A cada manifestación, a cada protesta, el Gobierno del PP, con Gallardón y Fernández Díaz a la cabeza, ha reaccionado anunciando una restricción de las libertades y el endurecimiento de las sanciones.

Lo podemos constatar con la reforma del Código Penal y con la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza. Con la primera se imponen penas de prisión de tres meses a un año a quienes “a través de cualquier medio”, difundan mensajes que “inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público” o “sirvan para reforzar la decisión” de quienes los lleven a cabo. De esta manera se intenta acabar con el activismo de las redes sociales. Así, si publicas en cualquier red social el apoyo a una concentración para evitar un desahucio, o que te parece bien que se ocupe una entidad bancaria, puedes acabar en el banquillo de los acusados. I si insistes, puedes acabar en la cárcel por ser un reincidente de la libertad de expresión.

Con la Ley de Seguridad Ciudadana completan el conocido y peligroso círculo del ajuste social por un lado y la represión por el otro. Con esta ley se amplían las conductas sancionables: escraches, manifestaciones frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Un ejemplo: los ciudadanos que grabaron la paliza que dieron algunos agentes de los Mossos d'Esquadra al empresario Juan Andrés Benítez en el barrio barcelonés de El Raval podrían ser sancionados con multas de entre 30.000 i 600.000 euros. Las sanciones elevadas no son baladís, intentan acallar la protesta social y desmovilizar a los activistas, ya que a veces es más duro pagar una sanción que ser detenido.

Las sanciones elevadas intentan acallar la protesta social y desmovilizar a los activistas, ya que a veces es más duro pagar una sanción que ser detenido

Con estas actuaciones no tienen suficiente y suben un nuevo peldaño en la coacción de la protesta social: ampliar los márgenes para la represión policial de la protesta. Demasiados casos de abusos policiales quedan impunes, sobretodo en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. La actuación de esta última en Ceuta, disparando (no sabemos bien si pelotas de goma o botes de humo) a personas inmigrantes en el mar cuando intentaban llegar a la playa del Tarajal, es una muestra de la cobertura política que tienen los agentes ante actuaciones brutales. Ya no es una cuestión de impunidad sino de deshumanización de los cargos políticos del Gobierno y de algunos policías.

A menudo los políticos gestores de la seguridad tienden a defender las actuaciones represivas de algunos policías. Lo hemos visto con el opusdeísta ministro del Interior y también con el democratacristiano consejero de Interior de la Generalitat. Para ellos la policía es un todo y en ningún momento se plantean poner ante la justicia a aquellos agentes que hacen un uso indebido de la fuerza en sus actuaciones. Como dice un buen amigo policía “el conseller de Interior se debe a la ciudadanía de Cataluña, no a los Mossos d'Esquadra”. Así al no condenar y denunciar actuaciones desproporcionadas, hechas de manera individual, responsabilizan al colectivo.

Esto es lo que está pasando estos últimos años de gobierno de la derecha en Catalunya. Se ha abandonado la necesaria autocrítica que tiene que hacer una institución que vela por la seguridad de la ciudadanía. Se ha preferido mirar hacia otro lado ante las malas prácticas individuales. Lejos quedan aquellos años que se denunciaban los malos tratos, que se ponían cámaras en las dependencias policiales, que se quería elaborar un código de ética policial. Todo se ha diluido, el cuerpo se ha blindado, los sindicatos policiales continúan su comportamiento corporativo e infantil, algunos mandos miran para otro lado ante las conductas reprobables y así van dando cobertura a la brutalidad ejercida por algunos agentes.

La policía es una institución fundamental para la democracia, defiende los derechos de los ciudadanos y los protege, por eso debemos denunciar los intentos de la derecha autoritaria de utilizar a los cuerpos de seguridad como fuerza represiva para acallar la legítima protesta social ante la violencia ejercida por los gobiernos de Cataluña y España. Y si esos cuerpos se sienten presionados por el poder político que se pongan al otro lado de las vallas, con los ciudadanos que no quieren ser silenciados.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia