El PP sacrifica a un edil de Nigrán de entre sus imputados por corrupción

El edil del PP en Nigrán Juan Carlos Álvarez dimitió ayer de su puesto en la corporación municipal a raíz de su imputación por corrupción en el marco de la Operación Patos, en la que un juzgado de Vigo investiga sobornos a empresas a cambio de contratos. Álvarez hizo pública su decisión por la tarde después de que durante la mañana el Ayuntamiento de Nigrán avisase de que el alcalde, Alberto Valverde, le retiraba sus competencias en el gobierno local “analizada tanto la situación que está atravesando el concejal, así como su estado anímico”. El dimisionario dijo a su vez que es inocente y que se va por “ética política” y “coherencia”. El PP, el alcalde y el imputado aseguran que en la decisión no ha tenido que ver la dirección gallega, si bien un portavoz de esta la califica de “acertada”.

La renuncia de un edil del Val Miñor no implica de momento su salida del partido, que queda en manos del expediente informativo al que aludían la semana pasada pidiendo tiempo tanto el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo, como el provincial, Rafael Louzán. Durante su comparecencia, Álvarez adujo que solo está imputado por tráfico de influencias y no por prevaricación o cohecho, afirmación que basa en que en los escritos judiciales que se le entregaron solo figura el primero de los delitos en el encabezado. Fuentes del juzgado confirmaron a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que la imputación es por los tres.

Álvarez dijo que asumía la decisión del regidor con “responsabilidad y respeto” y que, por su parte, abandona por coherencia con su trayectoria y tranquilidad de su familia y compañeros “tras más de 30 años al servicio de Nigrán”. Estar alejado de la vida política es la decisión más adecuada para mi defensa”, precisó. El regidor aduce, según explica un comunicado del Ayuntamiento, que la decisión de quitarle las atribuciones del cargo —que pasará a desempeñar el propio alcalde— la tomó tras reunirse con el edil durante el fin de semana y pide celeridad en la investigación.

El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, señaló por su parte durante una visita a Meis, que “el partido tiene sus normas dependiendo de las situaciones procesales de cada caso, pero en éste se trata de una decisión tomada a nivel personal” que valoran y respetan, según recoge Europa Press. La renuncia por la Operación Patos, que permanece bajo secreto de sumario, contrasta con la del caso Pokémon, donde las comprometedoras revelaciones de favores políticos sistemáticos de los imputados no ha causado más renuncia en el PP que la del exregidor de Boqueixón, Adolfo Gacio, y del exedil de Santiago Albino Vázquez Aldrey.

En ese sentido, el PSdeG, que sigue avalando al alcalde de Lugo, José López Orozco, también imputado en la Pokémon, trata de tomar la iniciativa y avanzó ayer que propondrá en el Parlamento gallego una ley contra la corrupción, según expresó el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, al término de una reunión de la Ejecutiva. Entre la batería de medidas figurará, según avanzó, un código ético para los cargos electos, una reducción del número de puestos de libre designación en las Administraciones y disposiciones para separar la parte política de la gestión en los Ayuntamientos.

El líder socialista habló de buscar el consenso en la Cámara para “poner en marcha planes anticorrupción en todos los organismos públicos, que los políticos hagan declaraciones de bienes y patrimonio, que se hagan públicas las empresas contratadas y la cuantía de los contratos y que los políticos no entren en las mesas de contratación”. La norma supondría, de salir adelante, la modificación de varias leyes autonómicas. “Trabajamos para que la transparencia llegue a todos los ámbitos, con más informes a priori que justifiquen cualquier inversión pública y con la erradicación de las financiaciones opacas”, sostuvo.