Fomento sostiene que su plan contra los desahucios ha evitado 4.300 desalojos

El programa andaluz en defensa de la vivienda ha evitado en sus primeros 15 meses de funcionamiento, desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2013, 4.313 desalojos. Estos datos los ha expuesto Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, durante la firma con el alcalde de Montellano, Francisco José Serrano, del convenio de adhesión de este municipio sevillano al programa.

Cortés ha destacado que estos resultados demuestran que el programa cumple el objetivo con el que se creó, es decir, "que quienes acuden a solicitar ayuda de la Junta tras haber perdido su empleo no pierdan también su casa". No obstante, ha señalado que la labor que realizan las oficinas tiene un "carácter paliativo, por lo que los problemas de muchas de estas familias no están resueltos, persistiendo todavía la alerta y manteniéndose la situación de inseguridad y precariedad".

Por ello, Cortés ha animado a los municipios andaluces a que se sumen al "bloque institucional constituido para luchar contra esta lacra social". Ha sostenido que la solución a los problemas estructurales, de fondo, requiere modificaciones de la normativa estatal, "que está claramente desequilibrada a favor del poder financiero". Se trata de familias en riesgo de desahucio y siguen en sus casas, ha subrayado Cortés, quien ha señalado que la parte fundamental del programa es la intermediación. El resto de expedientes abiertos en Andalucía se corresponde con las fases de prevención, con 810, y de protección, con 615 casos tramitados. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad y la solicitan familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro y en la fase de protección los demandantes de este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. Con la suma de Montellano, son ya 266 los Ayuntamientos andaluces que se han adherido mediante convenio al programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, además de las mancomunidades del Alto Guadalquivir y de la Sierra de Cádiz, la Diputación de Huelva y la FAMP.