Jaén busca su identidad

El buque insignia del turismo andaluz de naturaleza, el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, cumplirá en dos años tres décadas desde su declaración como espacio protegido. La euforia inicial dio paso después al desencanto entre la población por las expectativas truncadas. Luces y sombras en el mayor espacio natural de Andalucía —con más de 209.000 hectáreas— casi siempre por el choque del binomio entre conservación y desarrollo. Y ahora el parque se encuentra en un momento en el que busca su identidad y además de no repetir los errores del pasado.

En un espacio protegido con tanta diversidad —tanto paisajística como social y cultural— resulta complicado armonizar una única hoja de ruta. Quizá el ejemplo más claro de esa disparidad de criterios ha estado en el terreno urbanístico. Cada municipio ha aplicado su propia normativa local, lo que, además de crear agravios entre los ciudadanos de un pueblo u otro, ha favorecido el urbanismo desordenado. Tanto es así que en los últimos años han proliferado las denuncias de la Fiscalía por construcciones ilegales en el interior del parque, especialmente en el eje del Valle del Guadalquivir, la zona de mayor densidad hotelera.

Los 23 municipios del parque —y otros tres que están en su entorno— de las tres comarcas de Cazorla, Segura y Las Villas, quieren ahora acabar con esa situación y han dado el paso para unificar su ordenanza urbanística para regular el uso del suelo no urbanizable.

De la mano de la Diputación Provincial de Jaén, los ayuntamientos quieren, sobre todo, crear seguridad jurídica entre los ciudadanos. “La intención es aunar interpretaciones de la normativa urbanística y facilitar la implantación de usos productivos que generen empleo y sean respetuosos con el medio ambiente en estas zonas y que las personas que viven en estas comarcas no vean grandes diferencias en cuando a la interpretación del planeamiento urbanístico”, señala el diputado provincial de Infraestructuras, José Castro.

La normativa municipal estará supeditada, en todo caso, a los planes rectores del parque, que tienen prevalencia. El presidente del parque natural y alcalde de Puente de Génave, David Avilés, admite que entre los vecinos existe un cierto desapego hacia el parque, en buena medida por “el exceso de burocracia y las restricciones propias de un parque natural”. Avilés es consciente de que la declaración de este espacio protegido trajo consigo unas expectativas demasiado altas. “Se pensó que sería la panacea y no ha sido así y eso, claro, ha creado cierta frustración”.

También los empresarios creen que es preciso hacer autocrítica. La principal de todas es la sobredimensionada oferta de alojamientos. En la actualidad, las 8.000 plazas existentes casi triplican a la demanda. Además, los hosteleros apuntan que en torno a un 25% de la oferta es ilegal. “Es el momento de plantear una moratoria en las construcciones, para que el turismo en el parque sea sostenible tiene que haber un equilibro entre la oferta y la demanda”, apunta José Ayala, presidente de la Asociación de Empresas de Alojamientos de Jaén y dueño de un establecimiento hotelero en el interior del parque natural.

Los empresarios de hostelería se abonan a la corriente que critica las trabas al desarrollo económico en el parque. “Son muchas las limitaciones para empresarios y ciudadanos en general, y eso hace que cada vez se haga más patente el desencuentro entre habitantes y la figura de parque natural y que los pueblos pierdan cada año población”, añade Ayala, que echa en falta una mayor apuesta de las administraciones en la mejora de las infraestructuras viarias del parque y la culminación de distintos proyectos anunciados para mejorar la oferta complementaria.

Una de las inversiones que aguarda desde hace años es el aprovechamiento del pantano del Tranco —el más grande de la provincia y el segundo de Andalucía— como uso turístico. Entre las actuaciones previstas destacan la construcción de un pantalán y la dotación de un barco solar, que surcará las aguas de este embalse.

Desde la Diputación jiennense, que promueve el proyecto, se indica que las obras se iniciarán en marzo con una inversión superior a los 2,7 millones de euros. Junto al barco solar, se construirá un edificio de usos múltiples, un mirador para el avistamiento de aves, una tirolina y una zona de sendero.

Otra actuación que verá la luz en breve será el Centro de Interpretación de la Madera en Vadillo Castril. El Ayuntamiento de Cazorla va a gestionar este espacio museístico que va a transformar el antiguo aserradero que Renfe tenía en esta zona para fabricar traviesas de ferrocarril en un centro que acercará al visitante los valores del parque y las labores que les han permitido vivir en él a lo largo de la historia, como el aprovechamiento forestal.

Con todo, desde la junta rectora se recuerda que el principal objetivo del parque natural pasa por su conservación. “De no haber sido por el parque no se habría podido conservar un ecosistema único”, señala David Avilés. El presidente de la junta rectora, que advierte un “déficit de emprendimiento” en el parque, anuncia próximas actuaciones ligadas al aprovechamiento de los recursos endógenos, como la recuperación de cultivos tradicionales o el impulso a la piscifactoría de Coto Ríos, y también la puesta en valor del patrimonio arqueológico del parque.

Si las mayores críticas al parque natural vienen desde el lado del desarrollo, parece que existe unanimidad a la hora de valorar los beneficios que este título ha supuesto para la conservación de este territorio, también declarado Reserva de la Biosfera desde 1983. “Después de muchos años, la situación del parque natural es bastante aceptable desde el punto de vista medioambiental”, indica Javier Broncano, de Ecologistas en Acción y durante muchos años miembro de la junta rectora del parque.

Sin embargo, la sostenibilidad ambiental del parque tampoco escapa a importantes amenazas. Quizá las principales vienen de la mano de los usos del agua y del cambio climático. La Comisión Europea ha forzado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la paralización temporal de los sondeos que la comunidad de regantes de Beas de Segura realiza en el paraje del Maguillo, en el interior del parque natural. Una medida que llega después de que la UE abriese expediente sancionador por incumplimiento de tres directivas europeas sobre aguas, hábitats y evaluación de impacto ambiental.

La Confederación ha tenido que concluir que las extracciones de agua de los regantes “no garantizan la sostenibilidad ambiental en un ecosistema incluido en la Red Natura 2000”. Para Javier Broncano, uno de los impulsores de esta denuncia, “los usos productivos del agua no pueden ir a costa de liquidar los valores ambientales del parque”.

Las otras amenazas más latentes no son perceptibles por ahora pero son motivo de inquietud. Diversos estudios científicos han alertado de que el cambio climático va a modificar el comportamiento de la flora y la fauna del parque. Algo que no es baladí teniendo en cuenta que son más de 1.800 especies de flora inventariadas y más de 300 las especies de vertebrados catalogadas. Hay que tener en cuenta que, desde 1988, se cuenta también con la consideración de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ha sido propuesto como Lugar de Interés Comunitario.