La Generalitat minimiza el ‘portazo’ de los empresarios al plan soberanista

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamó a los empresarios la semana pasada que se implicaran en el proceso soberanista, y se topó ayer con un portazo de las principales patronales, la CEOE y Fomento del Trabajo. Ante el rechazo, buena cara: el Gobierno catalán ha negado esta mañana que Mas pidiera ayuda y ha desdeñado la importancia del apoyo empresarial al proceso sobranista. "La reflexión fue: de la misma manera que el presidente dice a muchos políticos que no les conviene pasar de la economía, es evidente que los actores de la economía tampoco pueden pasar de la política", ha aclarado el consejero de Presidencia, Francesc Homs, quien ha subrayado que el Gobierno catalán "respeta" las opiniones de la patronal.

En un almuerzo con empresarios de la Asociación para el Progreso de los Directivos en el Liceo, Mas ha afirmado este mediodía que el pasado viernes trató de trasladar a los empresarios que no deben pasar de la política del mismo modo que él pide "a los políticos que no pasen de la economía". "Eso no significa que deban pronunciarse públicamente", ha afirmado Mas, quien ha agregado: "No hace falta pronunciarse, basta con estar". Ante la demanda reiterada de diálogo de los empresarios, Mas ha dicho que este debe ser "sobre cómo consultar a la sociedad catalana acerca del futuro del país". El presidente catalán ha asegurado que entiende algunas posturas reacias pero: "La situación actual puede ser más preocupante dada la movilización del país" por lo que es mejor "arriesgarse a hacer algo que no hacer nada".

Mas ha afirmado que la Generalitat insistirá "tozudamente" en el proceso, aunque si finalmente no se puede celebrar la consulta no ha descartado agotar la legislatura. El presidente ha asegurado que "se ha de aceptar que haya una mayoría en un sentido o en el otro, y quienes ganen han de administrar la victoria en sentido inclusivo de todas las posturas, para proteger los intereses de todos". Los empresarios también le han requerido sobre las ventajas que tendría la independencia. Mas ha argumentado que Cataluña tendría las mismas "herramientas" que el resto de países y que dispondría de más recursos. Mas los ha cifrado en cerca de 11.000 o 12.000 millones de euros, aunque para hacer esa estimación solo ha realizado la diferencia entre el déficit fiscal de Cataluña que estima la Generalitat, de 16.000 millones de euros y el coste que cree que supondría crear un nuevo Estado, unos "4.000 o 5.000 millones".

Por su parte, Homs ha optado por desdeñar la importancia de los empresarios en la consulta. "Al final, en un proceso democrático como el que planteamos votamos las personas, no las empresas. A partir de aquí, que cada uno, legítimamente y lógicamente, fija su posición". Los empresarios pidieron a Mas diálogo y estabilidad, un guante que ha recogido Homs para reclamar el referéndum sobre la independencia: la Generalitat está abierto al diálogo, mantuvo el consejero, pero siempre circunscrito a que el Gobierno permita la consulta soberanista. "Lo que puede generar inestabilidad es que en un contexto democrático, como el de España y Cataluña, no se pueda votar. Esto no es muy normal ni muy coherente con el principio democrático".

Homs ha querido matizar también las consecuencias que el Departamento de Presidencia preveía en caso de negativa a la consulta. El informe de Homs para contrarrestar los argumentos del Ministerio de Exterior aseguraba que, en caso de que la consulta catalana "se cerrara en falso" la comunidad podría acabar con la situación de caos que vive Ucrania. Homs ha asegurado que esa afirmación "se ha sacado de contexto" y que el objetivo del Gobierno no es "hacer comparaciones sin fundamento".