Un consejo elegido por el Parlamento velará por la ley de Transparencia

Desde que asumiera la presidencia de la Junta, Susana Díaz ha hecho de la transparencia su bandera. “Quiero gobernar con las ventanas abiertas para oír lo que dice la calle”, aseguraba en septiembre en la toma de posición del cargo. Este martes, su Ejecutivo ha dado un paso más hacia ese ansiado y reclamado escenario. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, una norma que obliga a las Administraciones y a todas las entidades que gestionan o que se financian con fondos públicos a rendir cuentas ante los ciudadanos. El proyecto, que será remitido al Parlamento para su debate y aprobación, contempla sanciones de hasta 400.000 euros para los organismos que bloqueen el acceso a la información. Para el PP, la norma “llega tarde y mal”.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, no ha escatimado en elogios hacia el proyecto. Ha definido la ley como avanzada y valiente; contundente y clara; participativa y viva. Incluso, la ha calificado de “hito” y ha recordado que se trata de un proyecto “prioritario” del Ejecutivo de Díaz —quien empezó a diseñarlo cuando era consejera de la Presidencia bajo las órdenes de José Antonio Griñán—. Jiménez Barrios ha asegurado que el objetivo de la medida es que “todo lo público sea transparente”. “Como gobierno no podemos ni debemos ignorar la gran desafección política que existe”, afirma el consejero. “La transparencia mejora la credibilidad y la confianza con los ciudadanos”, agrega antes de señalar que la norma andaluza es “más avanzada” y “más exigente” que la nacional.

El texto contempla que las Administraciones y las entidades tendrán un plazo de 20 días para responder a las demandas ciudadanas (la ley nacional establece un plazo de un mes). Asimismo, toda información deberá estar disponible en Internet y se deberá actualizar trimestralmente. La ley, que según el consejero se aprobará antes de que finalice el periodo de sesiones en julio, tiene un “carácter trasversal”. “El objetivo es llegar a todos los rincones de las Administraciones para saber dónde y cómo se ha gastado el dinero público”, afirma Jiménez Barrios, tras apuntar que la normativa “está abierta a nuevas aportaciones”.

El proyecto, que no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, contempla la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, encargado de velar por el cumplimiento de la norma. El órgano estará encabezado por un director “de reconocido prestigio e independiente” que designará el Parlamento por mayoría absoluta. “Esta también es una diferencia con respecto a la ley nacional, que establece que sea el Gobierno el que nombre este cargo”, apostilla Jiménez Barrios. El consejo lo conformarán miembros de los distintos colectivos sociales, que elegirán a sus representantes. Asimismo, en cada consejería, se creará una unidad de transparencia.

El nuevo texto refleja además la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas para resolver “cualquier duda” sobre la concesión de fondos públicos. “Las resoluciones de este órgano se harán públicas y, por lo tanto, los criterios aplicados” para su concesión. De esta forma, el Gobierno pretende alejar las sombras que generan el caso ERE o el de las facturas falsas del sindicato UGT.

De manera muy distinta se ha referido a la ley el portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, quien ha dicho que la normativa llega “sin voluntad política de que haya transparencia”. Rojas ha asegurado que la transparencia “no es el plato fuerte de Díaz” y ha afirmado que desde que llegó a la presidencia “ha ejercido la contrario”. “Díaz está ejerciendo un gobierno opaco que no quiere dar ningún dato ni quiere investigar la corrupción”, puntualiza tras señalar que, de las peticiones de información solicitadas por el PP, hay 690 expedientes sin contestar.

La mayor exigencia de la normativa andaluza de la que hablaba el consejero queda reflejada también en la regulación de los partidos políticos. El texto nacional les reclama informar de los contratos, convenios y subvenciones públicas, el andaluz también les obliga a cumplir con normas de transparencia análogas a las de las Administraciones si quieren financiarse con dinero público. En este sentido, el consejero ha recordado que la futura reforma de la ley de la Cámara de Cuentas obligará además a los partidos a desvelar su contabilidad.

Entre las principales diferencias con el texto redactado por el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como ya avanzó este periódico, el Consejo de Transparencia podrá sancionar a aquellas entidades que no faciliten la información al ciudadano. Las autoridades podrán ser multadas con el cese en el cargo y, en el caso de las infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un período de hasta tres años. Las multas oscilarán entre los 100 y los 400.000 euros.