“La situación del Ayuntamiento de Santiago es insostenible”, confesó una edil

Facturas presuntamente falsificadas, enchufes, amaños de concursos públicos, nepotismo... Así es como define la situación del Ayuntamiento de la capital gallega una de sus concejalas, Rebeca Domínguez, del PP, imputada por tráfico de influencias en la Operación Pokémon. La edil, responsable de Educación, acudió a declarar ante la juez en dos ocasiones para culpar a todos —alcalde, jefe de gabinete, funcionarios... — del caos que vive el Pazo de Raxoi. A todos menos a ella: “No tengo ni idea de cómo funciona la Administración, no he trabajado en mi vida y por eso lo consulto todo con el alcalde, sobre todo porque era él quien me decía lo que tenía que hacer. No tenía despacho, ni sabía nada. Soy política, no técnica”.

La magistrada acusa a Domínguez de amañar un concurso público para adjudicar a la empresa Sermasa, del grupo Vendex, el mantenimiento de una guardería de la ciudad y de enchufar en el centro a varios trabajadores. Por el mismo motivo también están imputados el alcalde, Ángel Currás; su jefe de gabinete, Francisco Castro; el secretario de la Mesa de Contratación, Román Otero; la jefa de contratación, Rocío Montañés, y el jefe de sección del Departamento de Educación, José Manuel Rodríguez Abella.

Precisamente es a Abella al que la edil compostelana lanza las acusaciones más graves. Durante el interrogatorio, asegura que el funcionario lleva 30 años recibiendo a empresarios en su despacho, amañando concursos o falsificando datos. Domínguez señala que no lo pudo destituir porque contaba con el favor del alcalde: “Currás me puenteaba y hablaba directamente con Abella. Todo el departamento de educación del Ayuntamiento está controlado por él y por Rocío Montañés, que llevan 30 años haciendo lo que le da la gana. Currás ha tenido problemas con todos los concejales por culpa de él”. Domínguez esperó al final de su declaración para lanzar la acusación más grave, al asegurar que el regidor ordenó a Abella manipular un informe para que se realizaran pagos a Sermasa, un documento que ella sostiene que firmó sin saber que era falso. El alcalde mantuvo, en su declaración ante la juez, que todas esas acusaciones eran “insidias”, que nunca participó en las adjudicaciones a la empresa Sermasa y que su relación con Domínguez era casi “inexistente”