Los garajes que abrieron una crisis

En 2005, el Ayuntamiento de Getafe, gobernado entonces por el PSOE, lanzó el Plan Municipal de Aparcamientos para "conseguir una ciudad más sostenible". Entre las infraestructuras previstas, se encontraban cinco estacionamientos subterráneos para residentes, con 1.423 plazas, que se adjudicaron en 2007 a varias cooperativas. Casi 10 años después, el plan ha devenido en el "caso aparcamientos" y ha provocado que el socialista Pedro Castro, alcalde de la localidad durante 29 años y ahora edil en la oposición, presentara ayer su dimisión como concejal.

Junto a Castro han entregado su acta otros tres ediles socialistas, José Manuel Vázquez, portavoz del grupo municipal y exedil de Urbanismo, Cristina González, exresponsable de Obras, y David Castro, antiguo titular del Área de Hacienda. Sylvia Uyarra, concejal de IU en la localidad, materializó su renuncia el lunes. Su decisión llega después de que el juzgado de instrucción número 7 de Getafe dictara un auto de incoación de procedimiento abreviado el pasado 4 de febrero, según el cual, las partes tienen 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El PSOE lo ha recurrido.

Un juzgado archivó una primera denuncia contra los socialistas

La resolución judicial se ha producido tras una denuncia del PP sobre la existencia de una supuesta trama en la concesión de los aparcamientos, que, dicen “podría haber supuesto un beneficio de 12 millones de euros”. Estas irregularidades podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación. El alcalde de Getafe, Juan Soler, del PP, piensa que “se ha llegado a esta situación porque nadie puede ser alcalde tantos años, empiezas a creer que puedes hacer lo que quieres sin que tenga consecuencias”.

Las sospechas de los populares se dispararon cuando detectaron que una de las cooperativas (Jilguero 2005) estaba presidida por el marido de la concejal de Obras, Cristina González. También formaban parte de ella su padre como secretario y su madre como tesorera. A pesar de este parentesco, la concejal no se abstuvo en la votación de adjudicación de los aparcamientos. También detectaron que las cinco cooperativas tienen el mismo domicilio social, se constituyeron el mismo día y las gestionaba por la misma empresa.

El marido de una exconcejal presidía una de las adjudicatarias

El PP puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que los envió al juzgado de Getafe. “Y allí se archivaron, porque no se apreció ningún delito. Los informes de la policía indicaban que no había existía ningún incremento patrimonial en todas las personas a las que se investigó”, explica Sara Hernández, secretaria general del PSOE de Getafe y portavoz del grupo municipal. Un año después, el PP interpuso una querella en el juzgado de instrucción de Getafe, que es la que sigue adelante.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento contrata a la empresa Roblepark para realizar un estudio de mercado sobre la demanda y viabilidad de los aparcamientos. En el auto de incoación de procesamiento se indica que se cometieron múltiples irregularidades “que trascienden el ámbito administrativo”, que afectan a la incompatibilidad de miembros de la cooperativa, a la solvencia técnica y económico-financiera de las cooperativas o, incluso, a la modificación a su favor de las condiciones de la concesión. “Dicho procedimiento administrativo”, dice el auto, “fue utilizado como medio para favorecer la adjudicación de los concursos a las cinco cooperativas”.

La portavoz del PSOE aclara que las cooperativas “ganaron el concurso porque eran las ofertas económicas más ventajosas al no tener ánimo de lucro, entre otras empresas que participaron”. Hernández añade que no tenían experiencia “porque son cooperativas, no una empresa”. En cuanto a la implicación del marido de la concejal de Obras, la portavoz socialista, explica que “nadie lo sabía porque era un simple cooperativista”. Cuestiones que se tendrán que resolver, siempre y cuando, la acusación popular, el PP, o el Ministerio Fiscal decidan seguir adelante con el procedimiento.