La Generalitat presenta una propuesta para acabar con la crisis de Panrico

Día movido el de este miércoles entre los trabajadores de Panrico, que hoy jueves, tras cuatro meses de huelga indefinida, afrontan en Sabadell el juicio por la demanda con la que la empresa busca que la huelga sea declarada ilegal y pide cinco millones de euros por daños y perjuicios a los diez miembros del comité de huelga.

Por la tarde se celebró una reunión entre las partes con la Generalitat como mediadora. La reunión, la primera desde medidados de enero y la primera tras la marcha del responsable de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, y su relevo por parte de Jordi Miró, sirvió para que la Generalitat dejara sobre la mesa una propuesta que deberá obtener el lunes una respuesta. Miró planteó la posibilidad de crear una comisión para estudiar el futuro de la planta y reducir el impacto del recorte de plantilla, pero antes puso condiciones a todas las partes: que la empresa retire su demanda judicial contra la huelga ilegal, que CC OO retire la impugnación del preacuerdo del ERE del pasado 28 de noviembre y que los trabajadores de Santa Perpètua de Mogoda desconvoquen la huelga indefinida que mantienen desde octubre. Asimismo, la Generalitat se compromete a crear otra comisión para tramitar una regulación de empleo temporal que haga posible la puesta en marcha de nuevo de la fábrica vallesana.

Antes de ese encuentro, un centenar de trabajadores expuso su intención de presentar una querella criminal contra la empresa por un presunto delito de injurias por las declaraciones de la dirección, reproducidas por algunos medios, que aseguraban que no pueden confiar en que si regresan al trabajo no envenenen los Donuts que produzcan. “Las declaraciones proyectan una imagen de los trabajadores totalmente descalificadora y no están amparadas por la libertad de expresión porque tienen un contenido injurioso que roza la calumnia”, asegura el abogado que les representa, Jaume Asens.

Los cinco millones de euros que la empresa pide en el juicio previsto para hoy corresponden a la suma de cuatro millones por lucro cesante (el dinero que se ha dejado de ganar por el paro de la fábrica), 300.000 por supuestos daños materiales causados y 700.000 por el daño causado a la imagen del fabricante de Donuts y Bollycaos.

Fuentes próximas al comité aseguran que la defensa tiene "argumentos muy contundentes para apoyar que la huelga es legal". La dirección, por su parte, apoya su petición de ilegalidad porque el motivo de la huelga ha sido modificado en dos ocasiones: primero se convocó contra el impago de nóminas y luego contra el ERE, pero ambos capítulos se han cerrado. Lo que pueda ocurrir con la planta vallesana en función del fallo, aseguran fuentes de la empresa, "lo valorará el Consejo de Administración".

Además del juicio y la nueva demanda, hay otros aspectos de este largo conflicto pendientes de lo que diga la justicia. El Comité de Empresa impugnó el ERE que se cerró con 745 despidos (la mayoría en la planta catalana). El juicio para dirimir si es o no nulo está previsto para el 20 de marzo en Madrid. Además, hay empleados que han sido despedidos que han presentado demandas. Y otra cuestión: la sanción de la Inspección de Trabajo a Panrico por vulnerar el derecho de huelga al distribuir en Cataluña productos fabricados fuera de la comunidad. Ayer, los trabajadores, que contaron con el apoyo del diputado de la CUP David Fernández, insistieron en la necesidad de que la Generalitat "respete el derecho de huelga".