La Junta pide paralizar el desalojo de los vecinos de la corrala La Utopía

Una actuación in extremis. El Gobierno andaluz ha pedido al Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla la suspensión temporal del desalojo de los vecinos de la corrala La Utopía, un edificio de Sevilla ocupado por una treintena de familias en mayo de 2012. El pasado 28 de enero, la magistrada había decretado el desalojo forzoso del inmueble e instaba a los vecinos a abandonarlo antes de este sábado 15. La Consejería de Fomento ha pedido aplazar el lanzamiento “hasta que las Administraciones garanticen a las familias residentes una alternativa, de forma que no se vea vulnerado su derecho a la vivienda”.

En el escrito, firmado por el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, la consejería se compromete a buscar, en colaboración con el Ayuntamiento, una solución lo antes posible para estas familias, “de las que forman parte menores de edad”. La Junta se compromete al realojo de los vecinos “en viviendas públicas en régimen de alquiler con una renta adecuada a sus ingresos”. Según la nota emitida por Fomento, tras la reunión mantenida con el colectivo, las familias han aceptado abandonar voluntariamente el edificio cuando tengan una alternativa. “Lo que sí hemos pedido es que, al menos, se nos intente realojar en viviendas que estén próximas ya que, durante estos meses, hemos creado una estrecha relación que nos gustaría mantener”, asegura una de las portavoces de estas familias, Elena Contreras.

El paso al frente dado por la Junta se produce después de que las negociaciones con Ibercaja (propietaria del inmueble) se estancaran. Los vecinos solicitaban a la entidad bancaria la concesión de un alquiler social en estas viviendas y la cesión de los locales comerciales. Por su parte, Ibercaja les ofrecía acogerse a su programa de alquiler social durante un año en otras viviendas —alternativa de la que, según el banco, ya se benefician cinco familias—.

En el escrito presentado al juzgado, la consejería recuerda la “situación de gran precariedad y exclusión social” de las familias, cuyo desalojo podría abocarlas “a la indigencia”. Asimismo, recuerda que la Constitución recoge en su artículo 96.1 que los pactos internacionales suscritos por el Estado forman parte del ordenamiento jurídico español, lo que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “ambos valedores del derecho humano a la vivienda”.