La consejería de Blasco puenteó a la Abogacía de la Generalitat

La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Rafael Blasco fue escenario de un encontronazo respecto a si la Fundación Cyes cumplía o no con el requisito de la experiencia previa que exigía la convocatoria para optar a la subvención de dos grandes proyectos por importe de 1,6 millones de euros. Los técnicos mantenían que no cumplía con los requisitos. Los cargos intermedios y el mismo Blasco, según numerosas declaraciones realizadas en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, sostenían que sí había acreditado la experiencia. La cúpula de la consejería se inclinó por solicitar un informe jurídico externo a través de una evaluadora externa (Caaz, cuyo representante está imputado en la causa) para interpretar su propia normativa en vez de acudir a la abogada de la Generalitat que trabajaba en el mismo edificio.

Así lo ha declarado la letrada Carmen Díaz en la sesión del juicio del caso Cooperación que ha tenido lugar este martes. El juicio ha quedado suspendido durante una semana, después de que el la defensa de varios acusados, especialmente el exsubsecretario Alexandre Català haya renunciado a varios de los testigos que había propuesto.

En el inicio de la jornada han declarado otros dos testigos llamados por el abogado de Blasco, cuyas entidades recibieron subvenciones de Cooperación y que han destacado la relación "fluida" que el exconsejero mantuvo con ellos, así como su disposición a "ayudar" aclarando dudas sobre el procedimiento.

Tanto Ángel Pérez Navarro, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, como Guillermo Vasteenberghe, miembro de la fundación Ceinmigra, han destacado disponían del teléfono móvil de Blasco. "Otras personas de cooperación también se acercaban a él en actos públicos y conseguían su teléfono", ha destacado Vasteenberghe.