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La herencia que mató al chófer millonario

Un jurado popular dirime si esposa, hija y yerno pagaron a un sicario portugués para asesinar a un conductor de autobús que se iba a divorciar y a cambiar la herencia

Los acusados durante el juicio
Los acusados durante el juicioNACHO GÓMEZ

A Bernardino Pousa, un autobusero que atesoraba un patrimonio de un millón de euros, lo intentaron matar en cuatro ocasiones. A la quinta lo consiguieron cortándole el cuello y destrozándole la cabeza a golpes con una tubería de hierro. El cuerpo quedó rodeado de sangre junto su autobús un domingo por la noche. Acababa de llegar de un largo servicio de 12 horas, pero ningún miembro de su familia directa halló el cadáver. Fue Pepa, una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, la que lo encontró muerto dentro de las cocheras. Y es que según los investigadores, Pepa encendió las iras más sangrientas de la mujer, la hija y el yerno del chófer. Presuntamente, habrían urdido un perverso plan para evitar el inminente divorcio y la modificación del testamento, pagando 6.000 euros a Ilidio, un sicario portugués.

“Esa puta no se va a quedar con lo que es mío”. Según recoge la investigación, Dolores se mostró así de contundente sobre la nueva pareja de su marido. Bernardino y ella llevaban meses negociando el reparto de bienes para poner fin a su matrimonio tras 30 años de vida en común. La relación con su hija Ángeles había empeorado tanto que la víctima se refería a ella como “la chica”. Y con Alberto, el novio de su hija, ni se hablaba tras un enfrentamiento que incluso desencadenó un juicio de faltas. Bernardino iba a cambiar el testamento en favor de sus dos nietos, fruto de una relación anterior de su hija. Se lo dijo, entre otros, al padre de los niños. La Guardia Civil tiene claro que esa abultada herencia es el móvil “económico-pasional” de un crimen familiar que esta semana trata de aclarar un jurado popular en la Audiencia de Ourense.

El presunto plan confabulado a tres bandas ha terminado por enfrentarles. El sicario fue claro ante el jurado: “Me encargaron un asesinato e incluso me dieron una pistola”. Después matizó que lo dejó con vida porque se puso muy nervioso. “No sé quién lo degolló porque yo solo le pegué en la cabeza. Si lo hubiese querido matar le habría disparado”. El yerno reconoce el encargo pero lo rebaja a una paliza “para asustarle” e incrimina a madre e hija. Alberto asegura que la esposa de Bernardino “me propuso darle una paliza para aclarar las cosas”. Y se puso a ello. Encontró al sicario en un puticlub de la frontera, acordó el precio tras varios encuentros y le prestó uno de sus teléfonos móviles. Incluso reconoce que lo recogió y devolvió a Chaves en su propia furgoneta el día del crimen.

Ellas lo niegan todo. La esposa, que llegó al juicio con una alianza de matrimonio en su mano derecha, asegura que “todo Verín sabía lo de Pepa, pero de mi casa no salió un duro para este crimen”. Deriva cualquier responsabilidad al exnovio de su hija: “Alberto me pidió disculpas en la cárcel por haberme llevado para allí dentro”. La hija explica que “no supo nada” del plan hasta que se lo confesó su exnovio, semanas después del crimen. El sicario acaba de timbrar en la puerta de su domicilio reclamando más dinero. “Alberto me quitó el dinero con el que pagó al portugués” dijo al jurado. Los investigadores sostienen que fue la madre la que facilitó el dinero ya que es la única que tenía acceso a las abultadas cuentas familiares.

Entre ellos se apuntan con el dedo, pero ninguno se declara autor material. Nadie reconoce haberle cortado el cuello a la víctima y las pruebas científicas tampoco han aportado pruebas concluyentes que determinen quién empuñó el arma blanca. El sicario, que se puso una funda verde que no ha sido encontrada, asevera que golpeó a Bernardino con la barra de hierro y lo dejó aún con vida en el suelo: “Le pegué dos veces y me escapé porque me entró pánico”. Estuvo esperándole en el garaje unas dos horas, sentado y oscuras bajo los efectos de las drogas. “El único que pudo haberle hecho el corte en el cuello fue Alberto” asintió en la sala señalándole. Sin embargo, la Guardia Civil no halló ninguna huella del yerno en el lugar. Solo han podido certificar que transportó al sicario hasta Verín.

Los teléfonos de los acusados echaban humo aquel domingo 11 de septiembre de 2011 en el que alguien mató al chófer. Los registros telefónicos han destapado que la hija de Bernardino llamó 21 veces a su madre. Los aparatos del yerno y el sicario también sonaron decenas de veces desde las siete de la mañana. Alberto incluso hizo un borrado selectivo de las llamadas supuestamente incómodas según certifican los peritos. “A mí me llamaron diciéndome que tenía que ser aquel día porque al día siguiente iba a presentar unos papeles” dijo el sicario. Posteriormente, un hermano de Bernardino explicó al jurado que iba a presentar la demanda de divorcio al día siguiente.

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Y es que la Guardia Civil sospechó del entorno familiar desde el primer minuto. Pincharon teléfonos, colocaron micrófonos ocultos en coches y realizaron seguimientos durante una investigación que concluyó con la detención de la hija y el yerno, que en sus testificales acabaron inculpando al sicario y a la madre. “Gracias a los micros ocultos confirmamos que la hija estaba en el ajo” explicó un agente. Los cuatro permanecen en prisión desde hace dos años. Ya entre rejas el yerno llegó a escribir cartas exculpando a las mujeres, pero ahora se retracta. “Me presionaron para que lo hiciese porque entonces aún quería a Ángeles” asevera. Al poco de ingresar la cárcel, ambos pusieron fin a la relación y a los bis a bis en los que se fraguaron las extrañas misivas que ahora rechaza.

La fiscalía considera autor material al sicario e inductores y cooperadores necesarios a madre, hija y yerno. Pide penas que van desde los 17 a los 22 años. Las acusaciones ejercidas por un hermano, los nietos y el exyerno de la víctima aumentan la pena máxima hasta los 25 años de prisión y reclaman el destierro durante 30 años. También piden 120.000 euros de indemnización para cada nieto. Las defensas reclaman la libre absolución. El jurado popular deberá dirimir a partir de este miércoles si el yerno actuó en solitario movido por deudas empresariales contraídas en el negocio del ladrillo o si toda la familia tejió un plan criminal para hacerse con la herencia millonaria.

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