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Las quejas por falta de vivienda en Barcelona se triplican en un año

Un 20% de las reclamaciones que llegan a la defensora de los ciudadanos llegan de Nou Barris

Acampada de la PAH en la Plaza de Ca N' Ensenya en Nou Barris de Barcelona, por el derecho a la vivienda, el pasado julio. Ampliar foto
Acampada de la PAH en la Plaza de Ca N' Ensenya en Nou Barris de Barcelona, por el derecho a la vivienda, el pasado julio.

El trabajo de la Síndica de Greuges de la capital catalana, Maria Assumpció Vilà, se ha disparado por culpa de la crisis. Durante el año 2013, la defensora de los ciudadanos de Barcelona tuvo que realizar un 34% más de actuaciones que en el anterior ejercicio y el aumento se debe a los problemas económicos que sufren los ciudadanos de los barrios más humildes. Cada vez que alguien entra en el despacho de la Síndica para exponer su problema, es muy probable que venga de algún barrio de Nou Barris y que su reclamación esté relacionada con las dificultades económicas.

“El gran problema es el paro. En Barcelona hay más de 110.000 personas sin trabajo y, como es lógico, cuando no hay ingresos el primer problema es el de la vivienda”, explicó Vilà, que destinó todo el día ayer a presentar el informe anual de su gestión. Los datos son claros: Vilà realizó durante el 2013 2.570 actuaciones, la mayoría de las cuales eran quejas de ciudadanos que reclamaban sus derechos. Principalmente, su derecho a la vivienda. Estas reclamaciones se han multiplicado por tres solo en un año y según la Síndica, es “urgente” que las administraciones encuentren una solución: “El número de viviendas de protección está muy lejos de lo que fija la Ley del derecho a la vivienda, que es un 15% del total”, recordó Vilà. En este contexto “urge elaborar un plan de choque para crear un parque público de vivienda social”.

Vilà también se refirió a los constantes desahucios que ejecutan los bancos en Barcelona —unos 20 cada día según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca— y consideró que “ya hace tiempo que se tendría que haber llegado a acuerdos para evitar los desalojos”.

También se ha dado la situación de que algunos ciudadanos que viven en pisos de protección han recibido el aviso de desahucio, aunque a petición de la Síndica, el Ayuntamiento ha accedido a renegociar las condiciones.

El informe también destaca que el 20% de las quejas proviene de Nou Barris, que es donde se encuentran los barrios con una renta familiar más baja de toda la ciudad, según los datos del Ayuntamiento. Sus reclamaciones son mayoritariamente de temática social. Por contra, las quejas de los vecinos de Sarrià, Sant Gervasi y Les Corts son prácticamente inexistentes.

Otro aspecto que preocupa y mucho a la Síndica es el trato que reciben las personas que perdieron la vivienda hace tiempo y duermen en la calle. Un porcentaje que sube cada año. En estos casos, la Guàrdia Urbana aplica la ordenanza de civismo y les sanciona por uso indebido de la vía pública a pesar de que más tarde, gracias a la gestión de los servicios sociales, se retiran las sanciones y no llegan al afectado. Para Vilà es necesario modificar “los protocolos de intervención” y tratar la exclusión social desde los servicios sociales. La Síndica criticó que la ordenanza “incorpora al mismo tiempo situaciones incívicas y violentas y situaciones de personas que se encuentran en situación de exclusión social”. Además criticó que la ordenanza, en vigor desde 2006, es “una herramienta coercitiva estéril” y que prevé sanciones “desproporcionadas”. Algunos ciudadanos han sido multados con 750 euros por patinar por la calle o con 500 euros por colgar un cartel.

Su defensa de los ciudadanos también llegó a las personas que reciben o recibían la Renta Mínima de Inserción. Según la síndica, los recortes económicos en esta prestación son “muy antisociales” y se suman a la “precariedad de las rentas de trabajo y a la situación crónica de alta tasa de paro”. Esta combinación hace que la situación sea “insoportable para muchos ciudadanos”.

La Síndica de Greuges ya ha entregado el informe al Gobierno municipal y se debatirá en el próximo pleno.

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