El vacío asistencial de la ley del aborto

Shock. Impacto tremendo. Incredulidad. Con estas palabras expresan Antonio Pérez, pediatra y especialista en malformaciones genéticas del hospital La Fe de Valencia; Alfredo Perales, jefe del servicio de Obstetricia del centro valenciano de referencia; y Javier García Planells, presidente de la Sociedad Española de Diagnóstico Prenatal su reacción ante el anuncio del Gobierno de su intención de eliminar las malformaciones como supuesto válido por sí mismo para interrumpir el embarazo. Hablan desde su dilatada experiencia profesional, desde un punto de vista médico y a título personal.

Los tres profesionales, durante una conversación mantenida con EL PAÍS, censuran el vacío asistencial en el caso de que la malformación se detecte por encima de las 22 semanas y no sea incompatible con la vida, sino extremadamente grave. Son casos como la hidrocefalia grave, trastornos severos de migración neuronal, anomalías cromosómicas; problemas muy severos con alta probabilidad de mortalidad tras el nacimiento “y/o con un desarrollo neurológico profundamente deficiente y/o con una probabilidad de dependencia extrema y persistente para la vida”, según los criterios dictados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

“Es increíble que una ley que cubre las expectativas actuales se vaya a eliminar”, sostiene Perales. “La norma vigente funciona”, comenta García Planells, “y la quieren cambiar por una ley muy poco trabajada, que ni siquiera cuenta con el apoyo de los profesionales, a los que no se les ha consultado”. “Tanto es así que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha publicado un comunicado a través de cual anuncia que se desentiende completamente de la reforma de la ley porque los profesionales no han sido consultados”, añade Perales.

De las limitaciones que pretende introducir el Gobierno en la actual ley del aborto, una de las que está levantando más oposición es la supresión de las malformaciones como supuesto para abortar, una circunstancia especialmente dramática al tratarse, en la gran mayoría de los casos, de niños deseados a los que se detectan graves enfermedades.

La ley actual, de 2010, permite abortar por encima del plazo libre de 14 semanas —la mujer no precisa justificar su decisión— y hasta la 22 si hay riesgo para la salud de la mujer o malformaciones (se precisa el dictamen de dos médicos). Pasado ese tiempo, y sin límite, solo es legal hacerlo si al feto se le diagnostica una anomalía extremadamente grave e incurable o incompatible con la vida. Un diagnóstico que debe hacer un comité clínico.

De salir adelante el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz Gallardón, la situación dará un vuelco. Se excluye el supuesto de anomalías fetales. Solo contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo dos posibilidades: la violación o el “grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada”. De esta forma, las malformaciones fetales no serán por sí mismas motivo de despenalización del aborto.

Este es uno de los principales motivos del shock que ha causado entre la comunidad médica la reforma. Sólo se despenalizarán malformaciones incompatibles con la vida del feto y además sólo si éstas producen riesgo para la salud de la madre, lo que tendrá que certificar un psiquiatra. Todas alegarán problemas para la salud psíquica pues la malformación fetal no produce riesgos para la salud física materna.

¿Qué sucederá con las patologías gravísimas e incurables, pero no incompatibles con la vida, que se detectan después de la semana 22 y que hasta ahora se atendían si así lo determinaba un comité clínico integrado por tres especialistas? En principio, quedan fuera.

Este es uno de los grandes problemas que denuncian los especialistas. Por un lado, critican que en los casos de malformación se deba de recurrir al visto bueno de especialistas en salud mental que certifiquen riesgo psíquico para la madre. “El consenso social en los países occidentales y en España es abrumadoramente favorable a que en casos de malformación grave el embarazo quede a la libre elección de la madre, sin tener que demostrar que está loca”. “La mentalidad del legislador, según dice, es defender al no nacido, que se supone que es desde la fecundación al parto, porque no se explica, pero hay que preocuparse del nacido y de la madre”, sostiene García Planells.

Extranjero

El desarrollo técnico y científico permite ajustar cada vez mejor los diagnósticos. Las mejores son continuas en periodos de tiempo cada vez más pequeños. “El diagnóstico prenatal ecográfico y genético ha aumentado radicalmente su capacidad en los últimos cinco años, y cada vez es más potente. ¿En qué situación se queda el médico cuando observa una malformación y, sin embargo, con la nueva ley no se pueda hacer nada?”, se preguntan.

“Tendrán que volver a ir al extranjero para abortar”, comenta Perales. “Podemos ir abocados a seguir el caso de Irlanda, es decir, la hipocresía. Todo el mundo que colabora en un aborto, como se considera asesinato, es cómplice, pero informar de que vas a ir a Inglaterra, no, y eso porque se aprobó en referéndum”, interviene Pérez.

Los especialistas subrayan que en los casos de las malformaciones graves detectadas a partir de la 22 semana, ahora el sistema funciona bien con los comités clínicos. “Están integrados por profesionales de seriedad contrastada. Se han denegado peticiones que podrían ser razonables pero en las que no se ha visto que se ajustaran a los criterios establecidos de malformación fetal. Y no solo en este hospital, sino en otros. El sistema es muy garantista y muy escrupuloso a la hora de analizar estos caso”, apunta el jefe del servicio de Obstetricia de La Fe.