La Xunta pagará 1.500 millones a la gestora de la autovía Lalín-Ourense

El plan para privatizar la gestión de la autovía AG-53 —entre el Alto de Santo Domingo, cerca de Lalín y Ourense y el ramal a O Caballiño— supondrá un ahorro de 300 millones de euros para las arcas públicas gallegas hasta 2025, pero a cambio tendrá un coste para la Xunta de 1.552 millones al final de la concesión, establecido en el año 2050. “Es un timo”, sentenció ayer en la Comisión de Infraestructuras del Parlamento la portavoz del BNG Ana Pontón tras reclamar —infructuosamente por segunda vez— la paralización del proceso privatizador (ella rebaja el ahorro previsto a 150 millones de euros) alertando de que incluso podría ser investigado por la Fiscalía. Pontón cree que la decisión de “financiar con miles de millones de euros a empresas privadas en detrimento del interés de la ciudadanía” se enmarca en el fondo de “las prácticas corruptas que se desprenden del sumario de la Operación Pokémon”. El portavoz del PP en infraestructuras, Alejandro Gómez Alonso, aseguró que el peaje seguirá siendo gratuito e instó a la dirigente nacionalista a presentar denuncia judicial “si tiene alguna sospecha”. "Estamos en contra de los pagos en B y de la puerta giratoria de políticos que acaban en Brasil", le contestó intentando poner en evidencia al que fue vicepresidente de la Xunta con el Gobierno bipartito y líder del BNG, Anxo Quintana, que ahora se dedica a asesorar a empresarios gallegos que invierten en países extranjeros. La “externalización de la gestión” de esta autovía, la de mayor importe concedida hasta el momento por la Xunta, será en realidad una “privatización al cuadrado” dado que, además de la gestión también se privatiza el propio proceso de privatización. Lo destacó el portavoz de AGE en la comisión, Antón Sánchez, para precisar que la licitación no correrá a cargo de los técnicos de la Administración autonómico sino de una consultora privada “que cobrará 260.000 euros de las arcas públicas” por hacer este trabajo. La Sociedade Pública de Infraestructuras (SPI), una empresa dependiente de la Xunta, que hasta ahora gestionaba la AG-53, obtuvo en 2012 un beneficio de poco más de 14 millones de euros. Pontón, Sánchez y el diputado que actuó como portavoz del PSdeG, Raúl Fernández, coincidieron en expresar sus dudan de que haya empresas privadas interesadas en afrontar un negocio con ese margen de beneficio. De ahí que todos los grupos de la oposición se muestren convencidos de que la adjudicataria de esta autovía, en realidad parte de la que une las ciudades de Santiago y Ourense, “intentará ahorrar en alguna parte”. Sin embargo, entienden que el negocio “es muy jugoso” para cualquier empresa considerando que el peaje en la sombra es de los más elevados del Estado. Esa fórmula fue elegida en su día por el Gobierno bipartito para evitar que los conductores paguen en el tramo entre el Alto de Santo Domingo y Ourense. Entre Santiago y Lalín, un trayecto construido anteriormente, sí que hay que abonar peaje. Los tres portavoces de la oposición consideran una incongruencia de que el Gobierno gallego se desprenda de la gestión de esta infraestructura porque es “incapaz de afrontar pagos de deudas pendientes inferiores a 150 millones de euros mientras Núñez Feijóo repite constantemente que la Xunta tiene solvencia económica”. BNG, AGE y PSdeG mostraron además su convencimiento de que con esta privatización el Gobierno de Feijóo está “hipotecando” a las siguientes generaciones. “En los próximos años los presupuestos de la Xunta estarán comprometidos antes de su elaboración”, advirtió el socialista Fernández. El PP, que considera “completamente normal contratar a una consultora” para que licite la privatización, insiste en que esta beneficiará a las arcas de la Xunta “con un ahorro de más de 300 millones de euros”. El Gobierno gallego se compromete a mantener libre el peaje y no renuncia a insistir en la petición de la transferencia, tanto de esta autovía como de la AP-9, para abaratar el recibo que pagan los conductores.