El Consejo de Garantías considera ilegal el blindaje del castellano de la LOMCE

El Consejo de Garantías Estatutarias ha emitido un dictamen en que detecta que varios aspectos de la reforma educativa del Gobierno vulneran el Estatut o la Constitución, entre ellos los que hacen referencia al blindaje de la educación en castellano en todas las Comunidades, y especialmente en Cataluña, llegando a pagar la escolarización en escuelas privadas cuando no exista una oferta en la pública. La ‘ley Wert’ establece que el Estado será el garante de este derecho, pero la Autonomía la que pague la factura. El Consejo de Garantías, que vela porque las nuevas leyes no sean contrarias ni a la Constitución ni al Estatut, considera que este apartado de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) vulnera las competencias de la Generalitat en educación y en autonomía financiera.

La Generalitat pidió el pasado 30 de diciembre un dictamen al Consejo de Garantías sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 20 días después de su publicación en el BOE. Se trata del primer paso, y preceptivo, para que el gobierno catalán presente el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma educativa. El dictamen establece los puntos susceptibles de ser impugnados ante el Alto Tribunal. Y uno de los más sensibles en Cataluña es el lingüístico.

El dictamen del Consejo reprocha especialmente la decisión de asegurar la escolarización en castellano, aunque sea pagando escuelas privadas. “Y esto lo hará [el Gobierno], unilateralmente, y por cuenta de la Generalitat, basándose en una decisión discrecional sobre la necesidad de un gasto de escolarización que corresponde adoptar a la Administración educativa catalana, vulnerando así su autonomía financiera”, sentencia el organismo.

El dictamen del Consejo reprocha especialmente la decisión de asegurar la escolarización en castellano, aunque sea pagando escuelas privadas

El informe también critica el apartado 99 de la LOMCE, en que el Ministerio de Educación se atribuye de forma “unilaterial” la competencia de comprobar y decidir si el castellano se está utilizando como lengua vehicular “en una proporción razonable”. El Consejo recuerda que el Gobierno debe “abstenerse de utilizar métodos de control jerárquico” y limitarse a los instrumentos previstos por la Constitución, como los recursos ante los tribunales. La LOMCE encarga a la Alta Inspección del Estado el papel de velar porque el castellano sea también vehicular en las aulas. El dictamen censura estas atribuciones y asegura que este organismo “no puede actuar como un control jerárquico que se ejerce sobre la Administración educativa” y añade que lo que se produce es una “acción de sustitución”, en que el Estado “desplaza” a la Autonomía, cuando esta última es la que competente en la materia.

Pero además de los aspectos lingüísticos, la Generalitat también había denunciado invasión de competencias en otros ámbitos, que el Consejo de Garantías le reconoce, como por ejemplo, en las reválidas. El informe critica el apartado 6 bis que da al Gobierno la competencia de “diseñar las pruebas” de las evaluaciones externas de ESO y bachillerato y “establecer el contenido de cada convocatoria”. El Consejo considera que se extralimita de sus funciones y esta concreción “no es propia de una actividad reguladora, sino de actos de naturaleza ejecutiva”.

Sobre el articulo 36 bis, que fija que en la evaluación de bachillerato los alumnos solo se examinarán sobre las asignaturas troncales y una del bloque de específicas, el Consejo critica que se dejen fuera las de libre configuración autonómica (donde se incluyen la lengua y la literatura catalana) porque contradice el concepto de currículo. “El currículo no lo determina el Estado, sino que es una noción global en que también participan las Comunidades y los centros educativos. Pretender que unas pruebas que son las que permiten disponer de un título académico […] solo deben tener en cuenta la mitad de este currículo es contradictorio no solo con la naturaleza global del sistema educativo, sino también con la concepción de currículo que contiene la LOMCE”.

El organismo también ve objeciones sobre el apartado 31 sobre la supresión de la Selectividad y la nueva forma de acceso a la Universidad. El consejo vuelve a incidir en que la LOMCE se extralimita “y probablemente superaría el límite de lo que se considera básica”, cuando detalla los criterios en que los campus deberán basarse para diseñar sus pruebas. Critica que no se acuerde de la Generalitat. “El hecho que se suprima la prueba única de acceso no significa que desaparezcan las competencias de la Generalitat en esta materia”.