Trabajos ensombrecidos bajo el sol

A por otro sol y otros vientos. Las empresas andaluzas de energías renovables viran hacia otros países. Las medidas restrictivas que el Gobierno central está implantando en el sector desde 2009 están provocando que los inversores no vean como una apuesta segura confiar en las fuerzas de la naturaleza como un beneficio. Los cambios de legislación y la supresión de primas son las principales causas. Y entre sus consecuencias está la tesis de que se podrían haber generado en Andalucía cerca de 45.000 puestos de trabajo y se han perdido hasta 16.000 millones de euros en inversiones previstas y priorizadas, según cálculos de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean). La Junta, por su lado, estima la pérdida de 38.000 empleos directos y 12.000 millones de euros de inversión hasta marzo de 2013.

“Y más de dos tercios de las empresas andaluzas ya están fuera o en proceso de internacionalización, unas 500 aproximadamente de las más de 800 con las que contamos”, valora Carlos Rojo, secretario general de la patronal. La Junta vincula 1.400 empresas al sector.

“Fundamentalmente, el Gobierno central ha eliminado el régimen especial al que nos acogíamos los productores de energías renovables y ha suprimido las primas que recibíamos para su puesta en marcha y funcionamiento, que estaban aprobadas por decretos y con duración determinada. Es un cambio de reglas a mitad del juego”, resume Rojo. “Esto crea además una incertidumbre financiera y una inseguridad jurídica muy fuerte para apostar por las renovables en España”, añade.

El Ministerio de Industria, que no ha respondido a las demandas de este periódico, alega en sus comparecencias en el Congreso que las medidas se realizan principalmente para subsanar el polémico déficit tarifario que asciende a 30.000 millones de euros. El Gobierno central ya acumula demandas internacionales por los cambios de legislación y la Junta de Andalucía ha presentado de momento tres recursos al Tribunal Constitucional por tres normas que perjudican a las renovables en la región. Además, la Administración andaluza ha solicitado una Comisión Bilateral al Gobierno para solventar las discrepancias de la reforma energética.

“Estos cambios han hecho especial daño al pequeño inversor. Ellos han puesto su dinero en una instalación con unas expectativas que según la ley responderían a su plan de negocio, y si han pedido un préstamo o han depositado sus ahorros en ello, ahora no lo pueden pagar, lo que ha generado un problema social gravísimo”, detalla Valeriano Ruiz, catedrático de Termodinámica de la Universidad de Sevilla y presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía. “Muchas empresas han tenido que cerrar y las grandes se han internacionalizado porque aquí no pueden seguir haciendo su trabajo. Eso es impresionante”, valora el docente.

Hacia Latinoamérica está dirigiendo su negocio el empresario Miguel Montero, gerente de Texla, empresa andaluza de generación y promoción de energías renovables, que cuenta con 18 trabajadores. “Nos afectan muchísimo los globos sonda que lanza el Gobierno, crean un efecto horrible en los inversores. Además, ya nos hemos gastado más de 30.000 euros en defensa jurídica, se ha bajado la rentabilidad de la producción del número de horas solares y hemos tenido que deshacer un plan de negocio en el que trabajaba un equipo de 15 personas por la nueva tasa que plantea el Gobierno central que consiste en gravar con un peaje la producción de autoconsumo de electricidad”, enumera de retahíla. “Parece increíble que siendo Andalucía líder mundial en energías renovables, no podamos desarrollar aquí algo en lo que llevamos trabajando décadas”.

Según datos de la Consejería de Economía, en Andalucía, el 34% de la electricidad que consume la región se genera con energías renovables y en el periodo 2000-2012 se han reducido un 39% las emisiones de CO2 por cada unidad eléctrica producida. “Las medidas del Gobierno central son escandalosas. Han supuesto una agresión muy fuerte a las comunidades que tienen unos antecedentes menos industriales como Andalucía y que habían comenzado a desarrollar un sector en el que sacaban pecho”, plantea Ruiz.

“La tendencia está clara: en 2010 el sector eléctrico español consiguió pasar por debajo de la referencia de 1990 en emisiones de CO2. Pero a partir de ahí, el Gobierno ha aupado claramente el carbón. Ahora estamos muy encima de los compromisos del protocolo de Kioto”, asegura. Y continúa: “el sector del carbón estaba en recesión y apenas suponen 5.000 puestos de trabajo, pero no hay quien lo toque. Sin embargo, por el de las renovables, que afecta a cerca de 40.000 trabajadores andaluces, nadie ha movido un dedo. Aquí nadie se ha movilizado en estos años”, reflexiona Ruiz.