La fiscalía pide la imputación de una diputada del PSC por el ‘caso Mercurio’

El caso Mercurio, de presunta malversación de fondos públicos provinientes del Ayuntamiento de Sabadell, sigue ampliando el abanico de sus implicados. La Fiscalía Anticorrupción pidió en diciembre del año pasado la imputación de la diputada socialista y portavoz adjunta en el Parlament, Montserrat Capdevila.

La fiscalía sostiene que Capdevila podría haber cometido a su vez un delito de malversación de fondos públicos. De los pinchazos telefónicos del caso que llevaron a cabo los Mossos d’Esquadra se desprende que la diputada hizo uso de su tarjeta del Parlament para sufragar una decena de viajes de Renfe a Madrid, para asuntos “de carácter privado”, no relacionados con su actividad como parlamentaria, según fuentes judiciales.

Esos viajes coincidían con los desplazamientos del también imputado Manuel Bustos, exalcalde del Ayuntamiento de Sabadell, a la capital entre mayo y septiembre de 2012. Los desplazamientos de Bustos correspondían con las tareas encomendadas por la Federación Catalana de Municipios, de la que ostentaba la presidencia —hasta que abandonó su puesto como alcalde tras la imputación, en febrero de 2013—, y estaban justificados. Algo que no ocurre con los de Capdevila.

Por ese motivo, y a raíz de la petición del ministerio público, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell ordenó el pasado 15 de enero la apertura de una pieza separada, la 25 bis, para investigar los hechos relatados por la fiscalía.

“Nunca he cometido un acto ilícito en el ámbito de mis responsabilidades”, afirmó este jueves la diputada Capdevila, en un escrito que difundió a través de su blog. La socialista dijo sentir “repugnancia y asco” ante un “uso torcido de los instrumentos jurídicos del Estado de derecho” que buscan “desestabilizarla personalmente y políticamente”. Y se refirió a un “intolerable invasión de su vida personal”.

A pesar de defender su inocencia, la diputada explicó que en noviembre de 2013 devolvió todo el dinero que había pagado con la tarjeta de viajes del Parlament. En concreto, 3.229 euros, que constan a la cámara como devueltos, y que incluyen también gastos de otro tipo de transporte público como la T-10. “A pesar del vacío normativo en la regulación del uso de la tarjeta Renfe y desde el convencimiento de no haber hecho ningún uso ilícito de la misma, el 8 de noviembre de 2013 reintegré el importe íntegro” de lo que había gastado, aseguró a través de su blog.

Las conversaciones telefónicas interceptadas por los Mossos d’Esquadra recogen que Bustos y Capdevila quedan en un mismo hotel de Madrid, donde Bustos se alojaba en sus viajes como presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, según avanzó la Cadena SER. Algunos de los viajes salían de la estación de Sants a última hora de la tarde y regresaban de Atocha a primera hora de la mañana, lo que despertó las sospechas de los investigadores. De los datos aportados, el juez aprecia “apariencia delictiva”, de un caso de posible de malversación de fondos.

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo pidió al Parlament el convenio firmado con Renfe por el que los diputados disponen de esta tarjeta para viajar a Madrid. El convenio establece que la tarjeta podrá usarse sólo para desplazamientos motivados por la función parlamentaria.

A pesar de eso, el Parlament no hace ningún tipo de fiscalización del uso de la tarjeta, ni pide a sus diputados que justifiquen por qué motivos la han utilizado. Se sobrentiende, igual que con el uso del teléfono y el resto de material que se facilita a los representantes parlamentarios con fondos públicos, que se tratan estos recursos de una forma responsable y acorde a sus funciones.

Pero a partir de este curso político, ya nadie deberá preocuparse por el uso de la tarjeta de viajes que hacen los diputados. En mayo pasado, fruto de los ajustes presupuestarios, se decidió la retirada de este tipo de tarjetas, así como del Teletac para pagar las autopistas. La medida se tomó antes de que se iniciase la investigación a Capdevila y, se hizo efectiva el pasado 14 de julio. Los diputados que necesitan desplazarse por cuestiones relacionadas con su actividad parlamentaria, lo hablan con los grupos parlamentarios de los que forman parte y son ellos los que sufragan el gasto.

El siguiente paso en este caso será que la policía catalana acabe la instrucción de la pieza separada, en base a todas las pruebas que constan ya en el sumario, de la que dará debidamente cuenta al juzgado. Luego deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que decida, en el caso de que se encuentren todos los indicios suficientes, sobre la imputación de la diputada, puesto que tiene condición de aforada.

En otra pieza separada del caso Mercurio, el TSJC mantiene imputado al también diputado del PSC Daniel Fernández por presuntamente presionar, junto a Manuel Bustos, a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la también imputada Maria Elena Pérez (PSC), para que contratara a una exalto cargo del tripartito. La trama estalló el 27 de noviembre de 2012, cuando la policía y la fiscalía irrumpió en el Ayuntamiento de Sabadell, e imputó, entre otros, al que era su alcalde.