Dinero público en ayuda del deporte

La crisis por la que atraviesa el Bilbao Basket, en busca de inversores que garanticen la viabilidad del club, entraña un debate soterrado sobre la relación que han mantenido las distintas administraciones con los equipos profesionales, especialmente de fútbol y baloncesto. Subvenciones no faltaron en la época de bonanza, y ahora que, fundamentalmente, las Diputaciones han recortado las ayudas empujadas por la crisis, la relación aunque sea de forma indirecta —los 10 millones que el Gobierno vasco acaba de anunciar que otorgará para la remodelación de Anoeta—, o con menor intensidad, se mantiene, mientras el debate sobre la idoneidad e incluso legalidad de estas crece.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, adelantó el año pasado una ayuda que había suscrito con el equipo bilbaíno de baloncesto hasta 2016. La institución otorgó 5,2 millones al club, de los que este percibió 1,5 líquidos y el resto se emplearon para condenar la deuda que el equipo tenía contraída con la Hacienda del territorio. No faltaron las críticas de la oposición, pero la institución justificó la medida para en primer lugar, salvar al club —el Bilbao Basket, en pleno equilibrio sobre el alambre, no ha encontrado sin embargo ahora quien le abra las puertas de la Diputación—, además de precisar que la operación servía también para la promoción de la imagen de la capital y de la provincia. El club estaba pendiente por entonces de jugar un encuentro con un equipo de la NBA y la cancha de Miribilla es este 2014 una de las sedes de la fase previa de la Copa del Mundo de baloncesto. La Diputación calculó que el impacto económico por ambos eventos sería de unos 22 millones.

Ahora, una vez visto el devenir del club, bajo la amenaza de cierre, el propio Bilbao tendrá que comparecer en las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu, que registró la iniciativa a principios de mes, entre otras cosas, para explicar las ayudas otorgadas al Bilbao Basket y los compromisos adquiridos.

El abogado y exparlamentario de Euskadiko Ezkerra, Javier Olaverri, enumera cuatro rendijas o puertas a través de las cuales los clubes profesionales han conseguido en los últimos años dinero y favores de la administración, como denuncia. Tratamiento fiscal, subvenciones, alquileres “irrisorios” y especulaciones inmobiliarias. El letrado, ferozmente crítico con el trato que los equipos han recibido de gobiernos y ayuntamientos —no duda en definir a los clubes como las “ordenes mendicantes del siglo XXI”—, tiene recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la modificación del Plan General de San Sebastián gracias a la cual el Consistorio guipuzcoano dio luz verde a la remodelación de Anoeta en septiembre de 2012.

El plan urbanístico que permite reformar Anoeta está recurrido en los tribunales

“La administración hace una inmensa inversión en un campo (en el caso del Athletic fue de 180 millones) y acto seguido pone ese bien a disposición de un equipo a un precio simbólico, lo que realmente está encubriendo una subvención”, argumenta Olaverri, quien recuerda que a diferencia de otros clubes de la liga, con estadio en propiedad, los vascos juegan en campos públicos.

“Con ocasión del concurso de acreedores, la Real Sociedad para evitar su disolución sacó un activo oculto, el derecho de uso cuasi gratuito del estadio de Anoeta, valorado en 60 millones por el propio club, y eso fue lo que salvó al equipo”. Tomando como referencia la cifra y la vigencia del convenio entre el club y el Ayuntamiento donostiarra durante 40 años, el equipo debería abonar 1,6 millones anuales, pero el desembolso total de la Real por ese alquiler es de 3,1 millones, el 5%, según datos de Olaverri. El letrado ha hecho el mismo cálculo para San Mamés Barria, en manos de una sociedad anónima de la que forman parte el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia, el Gobierno vasco, Kutxabank y el Athletic. El letrado estima, teniendo en cuenta el valor del estadio, el aforo y el precio de alquiler de Anoeta, que el club bilbaíno debería abonar 2,5 millones anuales y nos los 500.000 euros firmados por un siglo.

El resto de los principales clubes vascos, como Baskonia, Bilbao Basket, Gipuzkoa Basket y Alavés, tienen suscritos convenios cada uno de ellos para el uso a coste cero de los respectivos estadios, todos de titularidad municipal a excepción del Buesa Arena, del que es propietario la Diputación de Álava. Los equipos solo se hacen cargo de los gastos derivados de su actividad —partidos y entrenamientos—, tales como agua, luz, seguridad o logística, según han confirmado las respectivas administraciones.

El director de Deportes del Gobierno vasco, Jon Redondo, subraya, por el contrario, el dinero que revierte en las arcas públicas por la actividad que generan estos equipos como fuerzas tractoras de la economía local a través de los bares y tiendas, a la vez que rechaza que reciban un trato especial de las haciendas o sean privilegiados por la administración. “Los comentarios y las discusiones de bar son libres”, añade, a la vez que puntualiza que todas las ayudas que han partido del Ejecutivo autonómico para la remodelación del Buesa Arena (14 millones), San Mamés Barria (50 millones) o, ahora, Anoeta (10 millones), llevan implícitas una serie de contrapartidas que garantizan el uso público de esos espacios.

“Básicamente, es una necesidad”, explica Redondo cuando se le pregunta por la justificación del último compromiso adquirido por el Gobierno vasco con la remodelación del campo donde juega la Real Sociedad, y que no tiene ni 20 años de vida. “Se ha demostrado que el campo [de Anoeta] no tiene apenas uso, y que deportivamente tiene más sentido eliminar las pistas y reforzar el miniestadio adyacente”. La Dirección de Deportes contó el año pasado con un presupuesto de 7,3 millones, frente a los 19,1 que el Gobierno vasco destinó a los créditos comprometidos con el Buesa Arena y San Mamés, dos partidas que este 2014 duplican exactamente los 7,5 millones de los que dispondrá el área. Su responsable añade como ventaja complementaria los puestos de trabajos que se crearán en San Sebastián a lo largo de los dos años previstos que durarán las obras. “Ese el paquete global”, insiste, a pesar de las voces críticas, entre ellas la de UPyD, que ya ha tramitado una pregunta para que el lehendakari, Iñigo Urkullu, responda por escrito sobre la justificación de la ampliación de Anoeta.