Cifuentes advierte al alcalde de Robledo que debe empadronar a los inmigrantes

La Delegación del Gobierno en Madrid ha advertido al Ayuntamiento  de Robledo de Chavela que está obligado a empadronar a los inmigrantes que vivan en el municipio, incluso los que no estuvieran en posesión de un contrato de trabajo, por lo que ha dado traslado del asunto al Instituto Nacional de Estadística (INE).

El departamento que dirige Cristina Cifuentes ha respondido así a una denuncia planteada en marzo por la Federación Acoge de Andalucía por "la negativa de Robledo de Chavela a censar a personas extranjeras sin contrato de trabajo o prestación por desempleo".

En la misiva, la Delegación de Gobierno ha solicitado diversos informes para determinar lo que ocurría en el municipio, los responsables, la identificación de las personas a las que se les haya denegado presuntamente su inscripción y las fechas en las que presuntamente se denegó el acceso a dicho patrón. Tras la investigación, el departamento gubernamental señala que a día de hoy "no han obtenido pruebas concluyentes que motiven la incoación del correspondiente procedimiento sancionador", aunque podría realizar nuevos informes sobre el asunto.

Además, ha dado traslado de estos hechos al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que "en el supuesto de que el Ayuntamiento de Robledo se negara a practicar las inscripciones padronales, requiera previamente al Ayuntamiento concretando su inactividad y, si este requerimiento fuera rechazado, acuda a la ejecución sustitutoria" que contemplan la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales.

Cifuentes recuerda que los Ayuntamientos se han de ajustar a lo dispuesto en las reglas especiales que ordene el INE y por ello ha solicitado a este organismo que traslade a la Delegación de Gobierno información sobre estos hechos.

Independientemente de las presuntas responsabilidades que se puedan derivar, en base a los principios de cooperación y colaboración interadministrativa, la Delegación del Gobierno ha enviado un escrito al Consistorio recordándole su obligación de realizar la inscripción en el padrón municipal de todas las personas que residen en el municipio.

Se ampara en el artículo 16.1 de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley de Extranjería, que reconoce el derecho legal de las personas no comunitarias a inscribirse en el padrón y una correlativa obligación municipal de empadronarles, incluso de oficio.

La Delegación ha asegurado que dará traspaso a la Federación del expediente sancionador que se podría derivar de la práctica de nuevas actuaciones preliminares o del contenido de los informes pedidos.

Andalucía Acoge considera "muy graves" los hechos ocurridos en el municipio madrileño, y ha señalado que las directrices de no empadronar inmigrantes sin trabajo o prestación son "reconocidos de manera pública y expresa por el máximo mandatario local", en alusión al alcalde, Mario de la Fuente.

"Su negativa no sólo carece de fundamento legal, sino que además está privando a estos ciudadanos de derechos reconocidos en nuestro ordenamiento, como pueden ser el acceso a los servicios sociales, la escolarización o la atención sanitaria, cuestiones para las que es necesario aparecer en el padrón municipal", señala.

"Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la conducta denunciada constituye uno de los supuestos de discriminación contemplados en la Ley de Extranjería, para el que se contemplan fuertes multas económicas, además de otras posibles sanciones", ha concluido la Federación en un comunicado.