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Puig admite que el Cesicat elaboró 50 informes sobre activistas

El consejero alega que la fundación usó solo “fuentes abiertas” para los seguimientos

Políticos y expertos critican que esos informes violan la protección de datos

Felip Puig, consejero de Empresa, a su llegada a la reunión semanal del Gobierno catalán. Ampliar foto
Felip Puig, consejero de Empresa, a su llegada a la reunión semanal del Gobierno catalán.

El consejero Felip Puig ha pasado de la negación a admitir que el Cesicat elaboró 50 informes de activistas y movimientos, basados en la red social Twitter. La polémica sobre la fundación, dedicada en teoría a velar por la seguridad de la Generalitat en el ámbito de las tecnologías de la información empezó a finales de octubre del año pasado. Entonces, los activistas de Anonymous filtraron de forma dosificada diversos documentos que revelaban un seguimiento a través de las redes de personas y movimientos vinculados con protestas sociales. “Informaciones sin ningún crédito”, aseguró entonces Puig. Ayer, sin embargo, el consejero de Empresa y Ocupación admitió en sede parlamentaria que entre 2012 y 2013 la entidad elaboró medio centenar de informes de seguimiento a personas y movimientos.

Puig aseguró además que esos documentos se elaboraron a petición de los Mossos d’Esquadra. “El Cesicat no tiene ni informes ni fichero organizado de los datos que se obtienen”, añadió Puig, poniéndose ya la venda ante la polémica que supone que se hayan tomado esos datos de personas, que opinan públicamente en este tipo de red social. Puig insistió en que todos los documentos recogen información proviniente de una “fuente abierta”. Son informes elaborados por cuestiones de “seguridad”, agregó el consejero en sede parlamentaria, en la comisión de su área. Y negó que hiciesen referencia a la ideología de las personas. “Ni la policía ni el Cesicat analiza ideologías sino amenazas”, defendió.

Los 38 primeros archivos filtrados por Anonymous demostraban cómo el organismo había monitorizado la actividad en Twitter de activistas y periodistas sobre diversos temas: la cumbre del Banco Central Europeo, el aniversario del 15-M, campañas contra Bankia o el novullpagar de las autopistas. Algunos nombres clásicos del tejido social reivindicativo catalán estaban en esos informes, como el abogado Carlos Almeida, la periodista Esther Vivas o el semanario La Directa. También de instituciones como el casal ultra Tramuntana. La filtración encendió Twitter, que empezó a hablar de la CIA catalana, o, con mofa, de la TIA catalana (en alusión al cómic de Mortaledo y Filemón).

Los diputados de todo el arco parlamentario, a excepción de CiU, recriminaron ayer al consejero que se elaborasen esos perfiles, y le pidieron que aclare cuál es la finalidad y el destino de los mismos. “Desvelan la información ideológica de la gente”, se quejó el diputado del PSC Ferran Pedret, lo que a su entender podría suponer una vulneración de la Ley de Protección de Datos. “Me preocupa que se fugue esa información”, se sumó el diputado popular Santi Rodríguez. Desde Iniciativa, Marc Vidal aseguró que esos informes “huelen a delito”.

Para David Fernández (CUP), la existencia de esos documentos evidencia que estamos en “la era Orwell”, donde se utiliza la telemática para el control de la sociedad. “¿Quién vigila al vigilante?”, añadió la diputada de Ciutadans Inés Arrimadas sobre quien controla la actividad del Cesicat.

“Desde un punto de vista de la privacidad, en Twitter es como si lo dijésemos en un foro público, nadie tiene esa perspectiva”, asegura la abogada Paloma Llaneza, experta en Protección de Datos. Otra cosa son los archivos que se elaboran luego. “Ese informe está en la mesa de alguien, son sus avatares y sus perfiles, con una finalidad que no sabemos cuál es. Y un archivo lo es en formato electrónico y en papel”, recuerda la abogada, que entiende que vulnera la protección de datos. “Tendrían que triturar ese informe”, asegura.

“Está bastante claro, los poderes públicos tienen prohibido hace ficheros ideológicos”, se suma la experta en seguridad Gemma Galdon. “Se escudan en el tema es que sean datos abiertos, pero la intervención del Estado y de la policía debe estar motivada por un riesgo claro e identificable”, añade. A su entender, se debería pedir al juez hacer el seguimiento a esas personas que se consideren peligrosas. “Nunca de oficio”, concluye, alegando la “presunción de inocencia” de los ciudadanos.

Según fuentes policiales, fue el propio Cesicat el que ofreció a los servicios de información de la policía catalana elaborar los perfiles, a raíz de que movimientos como el 15-M pusiesen en evidencia la capacidad de las redes sociales para movilizar a los ciudadanos. En ese momento empezaron los informes que se filtraron y que Puig acabó aceptando ayer como buenos.

En la cadena de filtraciones sobre la actividad de la fundación, un correo electrónico, enviado a los medios por un exempleado, llevó más allá aún la polémica. El que fuese director general de Telecomunicaciones y responsable de Cesicat, Carles Flamerich —que fue destituido el 5 de noviembre—, recibió el encargo del director general de la Policía, Manel Prat, de seguir a personas concretas en las redes. El documento se refería a perfiles “muy activos”, relacionados con “el movimiento 15-M, la huelga de TMB y otros que la próxima semana se utilizarán mucho de cara al GSMA [congreso mundial de móviles de Barcelona]“. Entre los señalados constaba el periodista Jesús Rodríguez, los activistas Esther Vivas y Manu Simarro y colectivos como el de Iaioflautas.

Puig se refirió también al informe del Cesicat sobre la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Catalana. Negó que fuese una petición del Gobierno. El Cesicat “no será nunca” un centro de inteligencia, insistió. Y argumentó que ese documento formaba parte de “diferentes ejercicios para diseñar estructuras futuras”. También admitió que se planteó la eventual creación de un DNI catalán y la articulación de base de datos, pero que no dio pie a nada “más que a que hoy se estudie la implantación de la T-Móvil para el transporte público”.

Puig desveló en 2013 el Cesicat intervino en 1.953 incidentes de seguridad: 43 relacionados con la Generalitat, 140 con administraciones locales, 500 con empresas privadas, 118 con ciudadanos particulares y 350 con asociaciones y entidades.

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