La corrupción y la sangría

En Bruselas se han tomado esta semana dos decisiones muy importantes que afectan a España. De un lado, la aprobación por parte del Parlamento Europeo de una normativa para que la sangría se llame sangría sólo si se hace en España o en Portugal, que es una discusión que nos tenía en un sinvivir desde que el Gobierno transfirió a Andalucía las competencias sobre los chiringuitos. Y de otro, la dura advertencia del Consejo de Europa sobre la proliferación de casos de corrupción en España, un asunto bastante menos preocupante que la denominación de origen de la sangría, a tenor de la trascendencia pública que han tenido ambas decisiones.

En el caso de la sangría, el Parlamento Europeo, haciéndose eco de la enorme preocupación existente en España por la situación de esta bebida, ha dedicado meses de trabajo para reformar las normas de etiquetado y protección de los vinos aromatizados. Todo para llegar a una novedosa conclusión: esta bebida se hace en España y Portugal con vino tinto y agua carbónica, zumos, extractos o esencias de fruta. Y su mezcla se denomina sangría. La normativa se suma a otras anteriores que nos tenía igual de preocupados, las aceiteras con pitorros de los bares y el enigma de los tipos de jamones. Esta última, una gran iniciativa del ministro Arias Cañete. Un político siempre dispuesto a predicar con el ejemplo zampándose un plato de todo manjar sobre el que se genere una polémica. Incluso, aquellos que están caducados.

En el caso de la corrupción, la iniciativa ha partido del Consejo de Europa, en concreto del grupo anticorrupción. Dice Bruselas que la corrupción en España, al igual que ocurre con la sangría, es también consecuencia de una mezcla. La fusión de lo público con lo privado; de las instituciones con los partidos políticos; del poder ejecutivo con el judicial… Todo aderezado con la politización de las instituciones y la denominada “puerta giratoria”, esa que utilizan demasiados políticos para incorporarse a los consejos de administración de algunas empresas privadas nada más concluir su mandato público.

El Consejo de Europa advierte que la denominación de origen Corrupción made in Spain está provocada por algunos fallos estructurales en el sistema de justicia y recomienda cosas tan extrañas como que los rangos más altos de la judicatura (presidentes de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia…) establezcan criterios objetivos de “independencia, imparcialidad y transparencia” a la hora de seleccionar a sus miembros, que es más o menos como exigir que a la sangría se le ponga vino para poder llamarle sangría. Es más, Bruselas pide incluso que se aplique estos criterios en el Consejo General del Poder Judicial “con el fin de corregir las deficiencias existentes”, que es una reclamación muy oportuna después de que hace apenas unos meses el Gobierno y el PSOE se repartieran los cargos de este órgano como hacen siempre. O sea, partiendo de una premisa: los que parten y reparten, se llevan la mejor parte.

En lo relativo al nombramiento de fiscales, el grupo anticorrupción pide también algo tan estrambótico como que se reconsidere el método de elección y el tiempo en el cargo de los miembros de la Fiscalía General del Estado, así como que dispongan de mayor autonomía. Todo tan descabellado como plantear igualmente que los diputados y los senadores tengan un código de conducta accesible a los ciudadanos, para que no se produzca esa confusión de intereses entre política y empresas privadas.

Es lo que tiene estar en la Unión Europea, que lo mismo hay un estamento que legisla sobre cómo debe hacerse una sangría, que sale un consejo que te dice cómo atajar la corrupción. Es una lástima que en España hayamos festejado tanto la denominación de origen para la mezcla del vino con peras y manzanas, y le hagamos tan poco caso a la mezcla de lo público con lo privado o de la justicia con la política.     @jmatencia