Náufrago de la burocracia

La travesía administrativa en España de Cheikh Sadibou Fall, senegalés de 35 años, ha sido peor que la que le llevó en cayuco durante cinco días desde la isla de San Luis donde vivía hasta Tenerife. Un insistente error administrativo generado por un mauritano llamado como él y con antecedentes y la negativa de la Oficina de Extranjería de Sevilla a subsanarlo lo han condenado durante dos años y medio a carecer de permiso de residencia, a no salir del país y no poder trabajar con contrato, abrir una cuenta corriente o incluso sacarse el carné de conducir y estudiar. Ahora reclama 38.068 euros al Estado por los daños causados.

Sadibou siempre imaginó un futuro ideal desde las playas de San Luis: trabajar en Europa y poder aportar dinero a su madre, enferma, y sus tres hermanos (dos mujeres y un hombre). Su sueño era compartido y poco a poco se fueron sumando esperanzas de otros 37 adultos que reunieron 600 euros para botar un cayuco rumbo a Tenerife en 2006.

La travesía, pese a la dureza, transcurrió sin incidentes graves y toda la expedición llegó a salvo a las playas canarias, donde fue localizada y trasladada al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría. Sadibou pasó de allí a Madrid y luego a Almería, con un amigo, donde empezó a trabajar en el campo.

Tres años después de pisar España, Sadibou conoce a Ana Muñoz, una joven sevillana amiga de un conocido del senegalés con quien se casa el 8 de septiembre de 2011. Paradójicamente, para Sadibou, lo peor estaba por llegar.

Cinco días después, solicita permiso de “residencia familiar comunitaria” y dos meses después, le remiten una resolución denegándosela y reclamándole el pago de una multa por “presunto delito contra la propiedad intelectual” en Granada, según sentencia de 2009. Sadibou no sale de su asombro: nunca ha estado en esa ciudad ni vendido discos, y menos piratas, y es la primera noticia que tiene de una sentencia contra él. La pesadilla acaba de comenzar.

El 15 de diciembre, el Gobierno le comunica que ha sido condenado a 10 años de expulsión por la mencionada infracción y cuatro detenciones más por vulnerar la ley de Extranjería y por un supuesto delito de lesiones cometido en Valencia, donde Sadibou tampoco ha estado nunca.

“No me gustan los líos, no he hecho nada”, repite una y otra vez el inmigrante a su esposa y a los funcionarios, a quienes les insiste que le tomen las huellas y cotejen sus datos con el acusado de los delitos porque él sabe que es un error. El sospechoso de los hechos delictivos comparte nombre con él, como otros cientos de hombres, desde artistas a políticos africanos, pero solo eso. Es de Mauritania y no responde siquiera a la configuración física descrita en los partes.

En el piso superior a la ventanilla donde le acusan de los delitos se encuentran los ficheros de Perpol, donde se registran los antecedentes de las “personas de interés policial”. Sadibou pide que le certifiquen si está “fichado”, algo que los agentes niegan y certifican.

“No te sirve”, recuerda que le repetían en la Oficina de Extranjería, en el piso inferior a donde le aseguran que carece de antecedentes. Se ve obligado a recurrir a Gracia González y María Ferrera, abogadas de Avant Garde, para demostrar su inocencia.

“La vida era despertar y dormir. No podía hacer nada. Me deprimí porque no podía trabajar ni ayudar a Ana. Era una carga y me planteé volver a Senegal. Pero ella me decía que esperara, que todo iba a salir bien”, recuerda.

Finalmente, y con un juicio favorable, Sabidou obtiene permiso temporal de residencia familiar hasta el 24 de junio de 2018. Y ha vuelto al trabajo y a sonreír y a planear ya la posibilidad de volver a ver a su familia, a la que no visita desde que salió de San Luis.

La Subdelegación del Gobierno explicó que el origen del error se encuentra en que el sistema informático utilizado solo incluye el nombre y la fecha de nacimiento. Una vez analizado el caso, está estudiando la posibilidad de conceder un “permiso con carácter retroactivo que permita reconocer la antigüedad a todos los efectos”.

La abogada Gracia González cree que no puede quedar así, porque durante dos años y medio su representado ha sufrido daños morales y económicos por su imposibilidad de ser contratado y por su limitación de movimientos. Además, lamenta el mal trato recibido tanto por Sabidou como por su esposa y la falta de celo de los responsables de extranjería.