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Anticorrupción pide la imputación de Oriol Pujol por cohecho de 30.000 euros

El convergente presuntamente solicitó esa cantidad a cambio de un voto favorable a la ley de seguridad industrial

Pujol ya está imputado por un delito de tráfico de influencias

Oriol Pujol acude a declarar en abril de 2013 por el caso ITV. Ampliar foto
Oriol Pujol acude a declarar en abril de 2013 por el caso ITV.

El caso ITV se está convirtiendo en un callejón sin salida para el ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ahora la imputación de Pujol como presunto autor de un delito de cohecho. El hijo del expresidente catalán ya está imputado en la causa por tráfico de influencias. Las nuevas pesquisas, sin embargo, apuntan a que pidió 30.000 euros a uno de los empresarios implicados en la trama corrupta a cambio de otorgar el voto favorable de su grupo a una ley que favorecía sus intereses particulares.

La Fiscalía General del Estado explicó, en una nota de prensa que hizo pública este martes, que el fiscal del caso, Fernando Maldonado, ha solicitado la apertura de una pieza separada del caso ITV y la imputación de cuatro personas. Tres de ellas ya están imputadas en la trama corrupta que, presuntamente, trató de amañar un concurso público de estaciones de la inspección técnica de vehículos: Pujol y los empresarios Sergi Alsina (amigo íntimo del dirigente nacionalista) y Ricard Puignou, el empresario del sector de las ITV a quien, presuntamente, Pujol pidió los 30.000 euros. El ministerio público solicita también la imputación de la esposa de quien se perfilaba, antes del escándalo, como delfín de Artur Mas: Anna Vidal Maragall.

Pese a que, cuando fue imputado la primera vez, abandonó su cargo en Convergència, Pujol no renunció a su escaño como diputado en el Parlamento catalán. Dada su condición de aforado, Anticorrupción solicita al órgano competente —la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— que le impute, esta vez por un presunto delito de cohecho. En la nota pública, la Fiscalía aclaró que se trata de una causa separada en la que “se habría descubierto” que el empresario Puignou “habría solicitado el voto favorable para sus intereses por parte de Pujol” en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial, que entró en vigor en julio de 2008. Esa ley es la que regula, entre otras cosas, el sector de las ITV, inmerso desde hace años, en Cataluña, en una afilada batalla judicial y legislativa.

Los indicios que de nuevo han puesto en el centro de la diana a Pujol fueron revelados por la Agencia Tributaria en su último informe, el pasado mes de diciembre. En ese documento, remitido al juez que investiga el caso, constan decenas de correos electrónicos que intercambiaron los presuntos miembros de la trama corrupta. Los correos revelan que Puignou pagó diversas cantidades de dinero a Alsina —amigo íntimo de Pujol y, de forma interrumpida, jefe de su esposa— a cambio de que influyera en el dirigente nacionalista para que su grupo, Convergència i Unió, presentase enmiendas al proyecto del Gobierno tripartito que fueran acordes con sus intereses.

La trama buscaba que se aprobase la Ley de Seguridad Industrial

Uno de esos correos, señaló Hacienda, es especialmente significativo. Otro empresario implicado, Enric Marugán, describe las conclusiones de una supuesta reunión entre su socio Puignou y Pujol: “Harán campaña mediática y, aunque no mandan, piden 30.000 euros!!” La cantidad coincide exactamente con la solicitada por Alsina para lograr influir en la tramitación de la ley.

CDC salió al paso este lunes defendiendo que el año en el que se votó la Ley de Seguridad Industrial, en 2008, el partido estaba en la oposición, “y, por tanto, el voto de sus diputados no era necesario para sacar adelante esta ley”. Precisamente, el informe de Hacienda revela también que la trama intentó influir en el tripartito catalán a través del Departamento de Innovación, que dirigía el consejero de ERC Jordi Huguet, para conseguir sus objetivos.

En cualquier caso, CDC negó, a través de un escueto comunicado de cuatro puntos, que Pujol “solicitase y, mucho menos, percibiese, ninguna contraprestación —económica o no económica— a cambio de una votación en el Parlament”. El partido defendió una vez más la “absoluta inocencia” del hijo de expresidente Jordi Pujol y criticó que no habían recibido “ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades judiciales”. Ciutadans fue el único partido que a raíz de los nuevos indicios pidió que Pujol deje su escaño como diputado.

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