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El fiscal remite a un juez de Almería la contabilidad b de la constructora Halsa

Los documentos apuntan a pagos de comisiones ilegales cuyo destino ha sido supuestamente las arcas del PP de Almería, y en menor medida al PSOE

Luis Rogelio Rodríguez Comendador.
Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha remitido el caso Halsa sobre la contabilidad interna de la constructora Hispano Almería al juez que investiga en dicha provincia la supuesta sustracción de documentos de la empresa. La contabilidad b de la constructora, que suma 8.000 folios, apunta a pagos de comisiones ilegales cuyo destino ha sido supuestamente las arcas del Partido Popular de Almería, y en menor medida al PSOE a través del municipio de Vícar.

El fiscal superior ha remitido la causa a Almería porque la policía no ha hallado pruebas que incriminen al diputado del PP y alcalde de La Mojonera, José Cara, así como al alcalde de Almería y senador popular, Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Sobre el pago de parte de una obra en un ático de este último por parte de la constructora, el ministerio público puntualiza que la factura que demuestra dicho abono, de 1.208.969 pesetas (7.266 euros) “se expide con fecha 29 de septiembre de 2000”, por lo que dicha responsabilidad se encontraría prescrita”. A pesar de que Rodríguez Comendador admitió que “estéticamente está feo que una constructora pague parte de mi obra”, a continuación negó haber reconocido a este diario el pago de la obra. Ahora el fiscal rechaza entrar a valorar el posible cohecho, dado que han transcurridos 13 años desde el pago de la obra.

Respecto a la posible vinculación societaria entre Cara y el constructor Morales, lo que supondría que la causa permaneciera en la Fiscalía Superior dada su condición de aforado, el fiscal estima que la policía “pone de manifiesto una posible vinculación societaria que, por el momento, no permite inferir con garantías la existencia de alguna responsabilidad penal concreta”. Es decir, la investigación de los agentes no ha podido concretar dicha relación societaria.

En su decreto emitido hace 10 días, el fiscal superior deja la valoración de los supuestos delitos continuados de cohecho y prevaricación al criterio del magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de Almería, que ha recibido copia de la investigación llevada a cabo por la policía en noviembre y diciembre, al igual que la Fiscalía de Almería.

Eso sí, el ministerio público otorga veracidad a la documentación aportada por un extrabajador de la constructora, a pesar de las acusaciones del dueño de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, sobre una supuesta manipulación: “Es evidente que la documentación aportada se configura como una fórmula de control interno, con dilatada persistencia temporal y en la que no se aprecia la intervención de terceras personas ajenas a la sociedad”, dictamina García Calderón. El fiscal subraya que ahora el juez debe investigar el valor probatorio de la extensa documentación aportada, tras ser “aclarada la posible manipulación que ha sido puesta de manifiesto por la mercantil afectada”.

El constructor solicitó a la Fiscalía Superior que le devolviera la documentación, petición que ahora deniega el fiscal.